El precio de no actuar
El mundo erudito habla de economía circular o responsabilidad
ampliada del productor y teoriza sobre la gestión de los residuos. Pero los vertederos ilegales dibujan una España que apenas ha superado lo que hacían los romanos. El fallo judicial debería sacar los colores a las administraciones implicadas. Hay un abismo entre la maquinaria europea para aprobar directivas sobre manejo de desechos y la acción local o autonómica (responsable de la competencia), sin que la Administración central sea capaz de transmitirles el peso de responsabilidad. Si usted incumple la ley, cuídese; si un municipio o una autonomía maneja mal la basura, no tendrán sanción.
Los vertederos ilegales incumplían las normas técnicas europeas (sin impermeabilización, sellado o restauración). Es una evidencia más de una España de dos velocidades. Mientras País Vasco, Catalunya o Navarra no tienen vertederos clandestinos (los impuestos de sus ciudadanos financian estas instalaciones), Murcia, Andalucía o Canarias, entre otras autonomías, no cumplen los mínimos y han preferido tapar la porquería bajo la alfombra soñando con el coste cero.
Y habrá más incumplimientos. La directiva de vertederos exigía reducir un 65% los desperdicios biodegradables que van a vertedero en el 2016 respecto a 1995 (para evitar fermentación, olores, impactos...). Pero no se ha logrado esa meta. Para alcanzarla, se requería implantar la recogida de la materia orgánica, un sistema desconocido en muchas comunidades; o, al menos, pasar la fracción resto por un tratamiento previo y evitar la fermentación de los desechos. Pero es práctica común hacer el vertido directo. La mala gestión de los residuos debería salir más cara.