El Consell Comarcal del Barcelonès aprueba su autodisolución
El pleno del Consell Comarcal del Barcelonès aprobó ayer una moción de todos los grupos que insta a la autodisolución de este organismo, al entender que sus funciones pueden ser asumidas por otras instituciones como el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
La moción contó con el apoyo de los siete grupos presentes en el consejo: PSC, PDECat, ERC, PP, Entesa (comunes), Cs y la CUP, después de consensuar un texto fusionado a partir de las dos mociones originales de los republicanos y del gobierno comarcal (PSC-PDECat). ERC, que ya había anunciado su moción días atrás, fue la formación que instó a consensuar un texto unitario de autodisolución, e insistió en que el redactado final incluyera una referencia explícita a la obligación de colaborar con la Fiscalía y la Sindicatura. Precisamente sobre esta misma cuestión, ayer la CUP pidió a la Oficina Antifraude que inicie una investigación sobre las irregularidades detectadas por la Sindicatura de Comptes en el funcionamiento del Consell y de empresas asociadas dependientes, como Regesa y Rassa.
La CUP advirtió ayer en el pleno que, si bien es favorable a la autodisolución del consejo, lo que no permitirá es que esto sirva para tapar irregularidades y posible corrupción. Por su parte, los populares recordaron que fue el primer partido en pedir la disolución.
En el texto de la moción aprobada, se insta a “iniciar el traslado de funciones y servicios a otras administraciones públicas” del consejo comarcal, que agrupa a los representantes de cinco grandes ayuntamientos: Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià del Besòs. También obliga a colaborar con la Sindicatura, y la Fiscalía y prevé encargar una auditoría desde el 2011 hasta ahora.
La propuesta insta a la Generalitat y al Parlament a “iniciar la supresión del consejo, garantizando el traspaso de competencias a las instituciones que correspondan, con el correspondiente personal laboral” (una treintena de personas).
El presidente del consejo comarcal, Francesc Josep Bellver (PSC), negó casos de corrupción, rebajó la calificación de las irregularidades detectadas a simples “incorrecciones” administrativas, y también negó “opacidad”. Unas afirmaciones que se producen después de que la Sindicatura de Comptes hallara presuntas irregularidades en la empresa pública Marina Badalona entre el 2005 y el 2011 y que la Fiscalía abriera una investigación a 18 consejeros del PSC, CiU y Cs por haber aprobado la plaza presuntamente ilegal a un cargo de confianza, pese a la negativa del secretario y la interventora del organismo.