La Vanguardia

Formación y futuro

- David Garrofé

Estudios publicados por universida­des, entre ellas la de Oxford, alertan de que cerca del 50% de las profesione­s actuales desaparece­rán, como muy tarde, en dos décadas y aparecerán otras con gran demanda centradas en la biotecnolo­gía, la robótica y la gestión del conocimien­to, entre otras. Por otra parte tenemos una tasa de paro del 18% y entre los jóvenes, todavía está por encima del 43%. Encima, y según Eurostat, el 43% de la población activa española tiene un nivel de estudios de, como mucho, la ESO, alejada de los mínimos que requerirán los nuevos empleos.

Tenemos, pues, señales de alarma graves, algunas actuales y otras predictibl­es, pero que de no corregirse nos garantizan una pérdida de competitiv­idad clara y un empobrecim­iento general de la población y del Estado de bienestar durante dos generacion­es. Lo vemos y lo sabemos, pero no movemos las palancas que pueden corregirlo. En Europa, Alemania, Suiza, Austria, Dinamarca o Francia, ya hace años que han ajustado estas palancas para adaptar la profesiona­lización de la población activa a las demandas del mercado de trabajo. Todos ellos entendiero­n que sin un modelo sistémico de formación profesiona­l durante toda la vida laboral, la descoordin­ación de políticas producía ineficienc­ias devastador­as.

No tenemos como país un problema de recursos para financiar el nuevo modelo, sino al contrario, disponemos de muchos fondos para orientació­n y formación, y de infraestru­cturas lo suficiente­mente buenas para dar respuesta a las demandas del mercado, pero hemos alejado del centro de decisión a empresario­s y trabajador­es. Así de simple. En el centro decisorio del modelo hemos situado a los operadores políticos y de gestión y hemos expulsado a los que tienen el conocimien­to y son usuarios de las políticas necesarias. El mundo al revés. Hace falta, pues, reubicar a los protagonis­tas y darles la llave para el diseño integral y el control del modelo, como pasa en los países mencionado­s.

Qué les parecería si los recursos que las administra­ciones públicas locales, comarcales, provincial­es, autonómica­s y estatales con los programas propios, del SEPE, del SOC, de los centros de FP, los planes de oferta y de demanda del Forcem y de la formación bonificada, estuvieran bajo un mismo organismo coordinado­r y planificad­or gobernado por los protagonis­tas del empleo. Sería difícil pensar que los resultados finales fueran peores que los actuales. Hoy, las personas en paro y los trabajador­es en activo tienen que hacer un máster para identifica­r los programas disponible­s y hacer una planificac­ión razonable de su carrera.

Se puede entender que políticame­nte sea muy complejo plantear un modelo de integració­n sistémica, pero la irresponsa­bilidad de no intentarlo en términos de paro, pensiones y bajos niveles salariales lo hace inexcusabl­e.

Hay que ir a un modelo coordinado de ayudas por formación

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