Los jueces suspenden el decreto del presidente arguyendo su islamofobia
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Por la boca muere el pez. La retórica islamófoba empleada por Donald Trump durante la campaña electoral ha servido de argumento a los jueces para suspender el nuevo decreto del presidente de Estados Unidos con el que pretendía prohibir la entrada al país de refugiados y de viajeros nacionales de seis países de mayoría musulmana.
Al juez de Hawái se sumó ayer otro magistrado de Maryland, Theodore Chuang, que también ordenó la suspensión de la orden. Ambos magistrados apoyan su decisión en que lo que de verdad pretende el presidente con su decreto es llevar a la práctica de manera encubierta su promesa electoral de impedir la entrada a Estados Unidos de las personas que profesan la fe musulmana y la discriminación religiosa está expresamente prohibida por Constitución
En un fallo de 43 páginas el juez Derrick Watson, de Honolulu, concluye que la prohibición durante 90 días de entrar en Estados Unidos a los viajeros con nacionalidad de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen “se dirige asimismo al islam”, puesto que “las poblaciones musulmanas de estos países van desde el 90,7% al 99,8%”.
Tanto Watson como el juez Theodore Chuang, de Maryland, citan frases del propio Trump del tipo “el islam nos odia” y “no podemos permitir que venga a este país gente que tiene odio a Estados Unidos”. Así, el juez Chuang afirma: “Estas declaraciones explicitan el ánimo del presidente Trump hacia los musulmanes y su intención de imponer la prohibición de su entrada a Estados Unidos como prometió”.
De nada le sirvió al presidente fotografiarse horas antes con el príncipe saudí Mohammed bin Salman para fingir amistad con los musulmanes, porque el decreto ya no entró en vigor y Trump volvió a enfrentarse a los jueces como ya hizo cuando le tumbaron el primer decreto.
En un acto político en Nashville dijo: “Esto es, en opinión de muchos, una extralimitación judicial sin precedentes” y anunció que llevará el caso al Tribunal Supremo. También el Departamento de Justicia expresó en un comunicado su desacuerdo con el fallo del juez de Honolulu. En su opinión, es “deficiente tanto en el razonamiento como en su alcance”. Y añade que “la orden ejecutiva del presidente entra de lleno en su autoridad legal para tratar de proteger la seguridad de nuestra nación; el Departamento seguirá defendiendo esta orden en los tribunales”.