Andalucía de memoria
La comunidad aprueba una ley sobre las víctimas de la guerra y el franquismo que supera la que impulsó Zapatero
El Parlamento andaluz ha aprobado, con los votos de PSOE, IU y Podemos y la abstención de PP y Ciudadanos, una ley sobre las víctimas de la guerra y del franquismo que, en varios aspectos, supera la norma impulsada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, vigente desde el 2007.
La ley andaluza de Memoria Histórica recién sancionada es en esencia una iniciativa de Izquierda Unida, presentada ya hace seis años, que la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, ha hecho suya, con varias aportaciones de Podemos y ninguna de populares y Ciudadanos, lo que ha imposibilitado que fuera aprobada por unanimidad. “Con la ley de Memoria Histórica y Democrática, Andalucía da un paso más para recuperar la dignidad de las víctimas del franquismo”, declaraba la presidenta, Susana Díaz.
La parte medular de la ley es la que tiene que ver con los procesos de localización y exhumación de los restos. La Junta tiene contabilizadas 614 fosas comunes y calcula que todavía existen unos 60.000 desaparecidos en la comunidad.
Entre otras novedades, la ley amplía la consideración de víctimas de los crímenes franquistas a familiares, homosexuales, bebés robados, mujeres vejadas y prisioneros de los campos de exterminio nazis; incluye el estudio de este periodo de la historia de España en escuelas e institutos; faculta a la Junta a emprender acciones y denuncias ante los juzgados; establece la prohibición expresa de exhibir simbología fascista (como sucede en Alemania) y da un breve plazo de tiempo a las instituciones para que eliminen sus vestigios. El documento legislativo equipara en la exposición de motivos a los crímenes del franquismo con los cometidos por el régimen nazi, condenados en Nuremberg, por lo que se considera que no son susceptibles de prescribir “mediante el establecimiento de leyes de amnistía”. Este aspecto fue uno de los más criticados por el representante de Ciudadanos, Sergio Romero, porque la formación de Albert Rivera considera que supone un “intento de reescribir la transición mediante la anulación de la ley de Amnistía de 1977”.
Tampoco aceptan PP y Ciudadanos la extensión del periodo de aplicación de la ley desde la II República hasta el año 1982, fecha del primer triunfo electoral socialista, así como el hecho de que se incluya su estudio en las escuelas.
Por iniciativa de Podemos se crea una Comisión de la Verdad y la Reparación, un órgano de estudio y recopilación de testimonios de las personas que sufrieron la represión, que redactará un informe sobre las violaciones de los derechos humanos en Andalucía que se pretende hacer llegar al Congreso. Y se creará un Instituto de la Memoria, un ente público que actuará como archivo documental de la época.
Según la Junta, hay todavía 60.000 desaparecidos enterrados en las cunetas de la región