La segunda ley catalana antidesahucios, camino del TC
El Gobierno da el primer paso para volver a presentar recurso
El Gobierno español ha dirigido a la Generalitat un comunicado en el que cuestiona la constitucionalidad de diez de los dieciocho artículos de la ley 4/2016 de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión residencial, según informó ayer la Agència Catalana de Notícies (ACN). Aprobada en el Parlamento el pasado 22 de diciembre, la ley surgía como respuesta al recurso presentado por el Ejecutivo español contra varios puntos de la ley 24/2015 –la primera ley catalana antidesahucios–, que el Tribunal Constitucional (TC) suspendió. Ahora, el Gobierno abre un proceso de negociación –paso previo para recurrir la ley al Alto Tribunal–, porque considera que la actual normativa podría incurrir también en inconstitucionalidad.
En declaraciones a la ACN, la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat, Meritxell Borràs, aseguró que “el Govern está tranquilo” respecto de la viabilidad de la normativa, que cuenta, entre otros, con el aval del Consejo de la Abogacía y el Colegio de Abogados de Barcelona. “No tiene ningún sentido que el Gobierno del Estado nos ataque a través de las personas más vulnerables”, lamentó la consellera.
En la misma línea se refirió la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, que consideró la actitud del Gobierno del PP una “clara muestra de insensibilidad social”. Pascal señaló que la ley se aprobó en el Parlament con la unanimidad de todos los grupos, incluyendo el PP catalán, por lo que opinó que al Ejecutivo de Rajoy “se le ve el plumero”, porque, una vez más, “todo lo que viene de Catalunya sistemáticamente se mira con gafas críticas y siempre se le ve alguna cosa”.
La comunicación del Gobierno español, enviada el viernes, rebate la constitucionalidad de diez de los dieciocho artículos de la ley, así como las disposiciones adicionales segunda y quinta y las disposiciones finales primera, tercera y sexta. La mayor parte, los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, hacen referencia al ámbito de la mediación para resolver casos de familias con sobreendeudamiento, aspecto que se recuperó a través del Código de Consumo. En este sentido, Borràs aseguró que el articulado es “básico y fundamental” y recordó que el TC levantó la suspensión del Código de Consumo “porque consideró que no veía elementos para mantener la suspensión” al tratarse de una mediación “voluntaria por las dos partes”, de manera que no se percibía inconstitucionalidad.
Otro artículo cuestionado es el 16, que hace referencia al “realojamiento obligatorio” con alquiler social. Establece un sistema temporal que prevé ayudar a las familias que próximamente serán desahuciadas, donde se fija un alquiler para un plazo de tres años ampliables a tres más si se considera necesario por el contexto social y económico. Un punto que, según el Gobierno español, “incide directamente en la regulación del contrato de compraventa” y que “podría afectar al contenido esencial de la propiedad”. “De nuevo, el Gobierno del Estado vuelve a proteger a las entidades y a los que tienen más y no a los más vulnerables”, afirmó la consellera. Relacionado estrechamente con el anterior, otro ámbito afectado es el que hace referencia a la “cesión temporal de uso obligatorio” de pisos vacíos que pertenezcan a entidades financieras y que corresponde a los artículos 15 y 17. Para evitar el veto del TC, la ley 4/2016 establece una expropiación del uso de viviendas a bancos y grandes propietarios por un periodo de entre 4 y 10 años para finalidades sociales.
La norma prevé, además, una partida de 14 millones de euros para expropiar el uso de unas 2.000 viviendas en toda Catalunya y la creación de la Comisión de Vivienda y Asistencia para Situaciones de Emergencia Social, con el objetivo de coordinar la actuación de las administraciones para establecer mecanismos de solución de conflictos y la aplicación de medidas de acción protectora establecidas por la norma.
La Generalitat recibe la notificación de Madrid y habla de “ataque a través de las personas más vulnerables”