Impuesto al azúcar
Los fabricantes de bebidas azucaradas dudan sobre la viabilidad del impuesto que la Generalitat quiere aplicar con el fin de desincentivar el consumo de estos productos.
Los fabricantes de refrescos agrupados en la patronal Anfabra han pedido una reunión urgente con el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresident y conseller d’Economia, Oriol Junqueras, para que les concreten cómo se realizará la aplicación del nuevo impuesto al consumo de bebidas azucaradas envasadas que deberá entrar en vigor el próximo 1 de abril. En opinión de Anfabra, este nuevo impuesto crea inseguridad jurídica a los fabricantes, que piden participar en el reglamento y tener más margen de implementación.
Está previsto que el Parlament apruebe mañana la ley de Mesures Fiscals, que incluye este nuevo impuesto de la Generalitat que prevé desincentivar el consumo de bebidas con azúcares añadidos. Se trata de una tendencia impulsada por la Organización Mundial de la Salud, que argumenta que un cambio de hábitos alimentarios permite ahorrar gasto sanitario provocado por la obesidad y la diabetes. En el caso del nuevo impuesto catalán, el impacto será reducido en importe –se prevé una recaudación anual por encima de los 40 millones de euros–, pero será el primer tributo que funcionará en el nuevo sistema informático Espriu de la Hisenda catalana.
El impuesto catalán sobre las bebidas azucaradas envasadas se dirige al consumidor, pero regula que el distribuidor sea considerado sustituto del contribuyente a la hora de pagar. Es decir, el distribuidor deberá liquidar el impuesto (0,08 euros por litro para las bebidas con entre 5 y 8 gramos de azúcar por 100 ml, o 0,12 euros para las que contengan más azúcar) y lo trasladará al comercio, que también lo repercutirá al consumidor. Las bebidas afectadas son zumos de frutos, refrescos con o sin gas, bebidas deportivas y energéticas, bebidas de té y café, leches azucaradas y aguas con sabores.
Sin embargo, la Asociación de Bebidas Refrescantes, que agrupa a la mayoría de empresas del sector en España –Coca-Cola, Pepsico, Schweppes Suntory, Solan de Cabras o Red Bull– tiene dudas sobre la viabilidad de la aplicación del impuesto. El director general de Anfabra, Josep Puxeu, considera que la dificultad de definir el sujeto pasivo del impuesto –si será el distribuidor o el comercio, en casos, por ejemplo, de cadenas de restauración o de hipermercados con presencia en toda España– creará inseguridad jurídica. Igualmente, ante el hecho de que sea un impuesto de autoliquidación, Puxeu considera que a quien perjudicará es a las empresas que sólo distribuyan y vendan en Catalunya, porque será difícil que las del resto de España abonen este impuesto a la Generalitat, igual que tampoco contempla las compras de refrescos a distribuidores en el extranjero. En cualquier caso, la patronal del sector pedirá a la Generalitat poder participar en el reglamento, y tener más tiempo de implementación.
Una vez aprobado mañana, la Generalitat deberá redactar el reglamento, y el impuesto entrará en vigor el 1 de julio, con efecto retroactivo a 1 de abril. Desde el departament d’Economia aseguran que gravar a los distribuidores permitirá gestionar mejor el impuesto porque se reduce el número de contribuyentes. Marta Espasa, directora general de Tributs, asegura que la ley es de aplicación a todos los distribuidores residentes en el mercado español que comercialicen sus productos en Catalunya.
La intención de la Generalitat es, además, aprobar este impuesto antes de que el Gobierno español ponga en marcha el suyo –Montoro ha anunciado un gravamen sobre la producción de refrescos azucarados– para asegurarse al menos la compensación por los 40 millones.