El Gobierno vuelve a la mesa laboral en busca de un acuerdo para la estiba
El naufragio parlamentario de la reforma de la estiba ha devuelto el conflicto a la mesa de negociación laboral, en la que, además de los sindicatos y la patronal, va a estar el Gobierno. Los tres se sentarán hoy de nuevo en busca de un acuerdo que allane el camino a la tramitación de un nuevo decreto que pueda recibir luz verde la mayoría de grupos políticos.
En el encuentro de esta tarde, que contará de nuevo con la mediación Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES), se discutirá la última oferta que presentó el Ministerio de Fomento el miércoles pasado, escasas horas antes de que el Congreso decidiera no convalidar el texto presentado por el Ejecutivo. La propuesta incluye medidas encaminadas a asegurar la subrogación de trabajadores y jubilaciones anticipadas voluntarias. No pudo ser valorada porque a la sesión, de carácter técnico, acudieron abogados sin capacidad de respuesta. Se espera que hoy los representantes de los estibadores sí que se posicionen y la negocien. El Gobierno estará presente en la reunión “para favorecer” el acuerdo, explicaron fuentes del departamento que dirige Íñigo de la Serna. El objetivo es cumplir la sentencia europea que obliga a liberalizar la contratación del personal en esta actividad y evitar que Bruselas active el pago de cuantiosas multas por saltarse la resolución judicial. Hasta el momento hay casi 23 millones de euros pendientes.
El elemento clave para desencallar la situación es que con la nueva regulación los 6.100 estibadores actuales puedan mantener sus empleos. Los sindicatos reclaman garantías en este sentido desde el propio decreto. El Gobierno está dispuesto a darlas pero mediante otros “instrumentos normativos” porque, asegura, estos aspectos no tienen cabida en el decreto.
En su última oferta, el Ejecutivo ofreció la continuidad de los puestos trabajo mediante la subrogación obligatoria de los estibadores a los nuevos empleadores, manteniendo las condiciones laborales que se pacten por medio de la negociación colectiva. También propuso ayudas públicas, con la participación del Ministerio de Empleo, para financiar la jubilación anticipada voluntaria de los trabajadores de más de 50 años con el 70% de su salario. Asimismo, planteó crear una comisión de seguimiento en la que estarían representadas todas las partes, también el Gobierno, para supervisar la reconversión del sector.