La Fiscalía pide cárcel para Serra por los sueldos de Caixa Catalunya
El fiscal acusa a 41 exconsejeros que aprobaron las retribuciones en el 2010
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido cuatro años de cárcel para Narcís Serra, expresidente de Caixa Catalunya, y otros dieciséis exconsejeros de la antigua entidad financiera por aprobar importantes incrementos en la retribución de sus principales directivos en dos consejos de administración celebrados a principios y a finales del 2010, cuando la entidad estaba en grave crisis y a punto de ser rescatada por el Estado. Según la acusación, todos ellos cometieron dos delitos de administración desleal. Asimismo, el ministerio público solicita al juzgado de instrucción número 30 de Barcelona dos años de prisión para otros 24 consejeros que solo participaron en uno de los dos consejos y que, por lo tanto, solo cometieron, presuntamente, uno de los dos delitos antes citados.
El fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado, ha pedido que se abra el juicio oral y que los acusados sean condenados también a pagar 2,57 millones de euros al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) más los intereses legales correspondienyendo tes en concepto de responsabilidad civil. Al margen de la petición del fiscal, en este caso están personadas también como acusación la Abogacía del Estado, que defiende los intereses del FROB, y la Candidatura d’Unitat Popular (CUP). Previsiblemente, el juez pondrá fecha al juicio en las próximas semanas.
Esta causa se añade a la que se instruye en la Audiencia Nacional, que hace unos días dictó un auto admitiendo a trámite otra denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, también por apropiación indebida, en este caso por una treintena de operaciones inmobiliarias que causaron un perjuicio a Caixa Catalunya de 721,38 millones de euros. De momento, hay 15 investigados.
En el caso de las retribuciones de la caja, la Fiscalía explica en su escrito de acusación que Caixa Catalunya contrató a Adolf Todó como director general y Jaume Massana, su adjunto, en el 2008, y que “a pesar de la difícil situación económica y especialmente de esta caja, sus sueldos no dejaron de subir durante los años 2009, 2010 y 2011”. En concreto, Todó pasó de cobrar 685.000 euros en el 2008 a 901.000 el 2009 y 1,37 millones en el 2010, inclu- la parte fija y la variable. En el caso de Massana, empezó con 361.000 euros en el 2008 y subió hasta los 653.000 euros en el 2009 y los 996 euros en el 2010. A estas cantidades hay que añadirles las derivadas de las aportaciones a los respectivos planes de pensiones, que en el caso de Todó implicaban una retribución adicional de más del 70% del salario total y en el de Massana, del 30%.
La Fiscalía hace responsable de estas actuaciones de la entidad con su alta dirección al consejo de administración y recuerda, a mayor abundamiento, el proceder del presidente de la entidad. En este sentido, recuerda cómo, a partir del 2007, “se estableció un salario para el acusado Narcís Serra como presidente no ejecutivo a pesar de no ser preceptiva su fijación”. Serra era presidente desde el 2004 y hasta el 2006 solo cobró las dietas por asistencia a los consejos, que en ese año alcanzaron los 135.700 euros. Sin embargo, esto cambió a partir del 2007, cuando tuvo ya un salario fijo de 175.000 euros, lo que le permitió consolidar unos ingresos anuales superiores a los 260.000 euros en los años siguientes.
La Fiscalía pone especial énfasis en explicar en su escrito de acusación cuál fue el contexto en el que los sucesivos consejos de administración aprobaron las retribuciones millonarias de sus principales directivos. Y ese no fue otro que el de la Gran Recesión. Además de castigar duramente al país, la crisis hundió a las cajas y acabó con el rescate de Catalunya Banc –la heredera de las cajas de Catalunya, Manresa y Tarragona– con una inyección de dinero público de más de 12.000 millones de euros de los que apenas se ha recuperado nada. Por si lo anterior no fuera suficiente, el fiscal recuerda que, al mismo tiempo que se aprobaron las alzas en las remuneraciones, la entidad presentó un expediente de regulación de empleo para 1.300 trabajadores en junio del 2010.