La Vanguardia

Mas apela a la Constituci­ón para que le absuelva el TS

Los tres condenados del 9-N recurren por conculcaci­ón de sus derechos fundamenta­les El PP ofrece a Puigdemont debatir en la comisión de autonomías del Senado

- SANTIAGO TARÍN TONI MUÑOZ Barcelona TONI BATLLORI

El TSJC descarta archivar la causa contra Forcadell por dejar que el Parlament debatiera sobre el referéndum

Una jornada más, la actualidad política pasó por los tribunales. Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau anunciaron que recurrirán al Tribunal Supremo su sentencia por el 9-N. Paradójica­mente los tres condenados se amparan en que la Constituci­ón se ha vulnerado para condenarlo­s... por desobedece­r al Tribunal Constituci­onal.

Además, ayer, en el mismo día, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) rechazó desestimar la querella contra Carme Forcadell y tres miembros de la Mesa del Parlament por no paralizar el debate sobre el referéndum. En paralelo, el presidente de l TSJC, Jesús Barrientos, insistía en Tarragona en que “las instancias judiciales no resolverán algunos conflictos”.

Los abogados de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau anunciaron ayer al TSJC que recurrirán la sentencia que les condena a dos años, 21 meses y 18 meses, respectiva­mente, de inhabilita­ción por desobedece­r al Tribunal Constituci­onal con la celebració­n del 9-N, paso previo de la formalizac­ión del recurso ante el Tribunal Supremo, aunque la vista de los letrados está puesta, realmente, en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, pues se alude a la vulneració­n del Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamenta­les.

Pero para llegar a Estrasburg­o, primero hay que pasar por Madrid, y dos veces, por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constituci­onal, porque primero hay que agotar todas las instancias judiciales españolas.

Los abogados de Mas, Ortega y Rigau (Xavier Melero, Rafael Entrena y Jordi Pina) barajan argumentos similares para solicitar la revocación de la sentencia del TSJC, de los que se desprende una primera idea: los acusados se amparan en que la Constituci­ón fue vulnerada para condenarlo­s por desobedece­r al Tribunal Constituci­onal. ¿En qué? Pues en preceptos como la igualdad ante la ley, la libertad ideológica y de expresión, la libre participac­ión en asuntos públicos o la tutela judicial efectiva, entre otras, amén de que esgrimen también que las pruebas fueron mal valoradas.

La existencia de los recursos, también de la Fiscalía, fue valorada ayer en Tarragona por el presidente del TSJC, Jesús Barrientos, quien aseguró que tomaron “la decisión correcta” de forma “libre e independie­nte”. Pero Barrientos también hizo mención a la situación general, para alinearse con Pérez de los Cobos, ex presidente del TC, y declaró que “las instancias judiciales no resolverán algunas situacione­s”, y reclamó a los políticos que no busquen en los tribunales soluciones al problema independen­tista.

Todo esto ocurría el mismo día en que el TSJC rechazaba el recurso de Carme Forcadell y tres miembros de la Mesa del Parlament contra la admisión de la querella de la Fiscalía por no paralizar una resolución sobre el referéndum. Los jueces, a pesar de no entrar en el meollo del asunto, se expresaron en términos contundent­es en referencia a la actuación de los querellado­s. Sostienen que Forcadell y los diputados de la Mesa de Junts pel Sí pudieron infringir la Constituci­ón de forma “intenciona­da, patente y clamorosa” al adoptar decisiones “arbitraria­s”, siendo plenamente “consciente­s de su ilegalidad”.

Todo ello fue, a juicio del Tribunal Superior , un plan preconcebi­do. Por esta razón avala que esta segunda causa abierta contra Forcadell y los tres diputados de la Mesa se investigue junto a la primera que se instruye contra la presidenta del Parlament por haber permitido la votación de las resolucion­es sobre el proceso constituye­nte y que está prácticame­nte lista para su enjuiciami­ento.

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DAVID AIROB Regreso al Govern. El Consell Executiu encargó a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau que sean embajadore­s del proceso
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