El juez avala a Abertis frente a Fomento por las cuentas de la AP-7
El grupo reclama 1.494 millones en compensación por la caída del tráfico
El contencioso que enfrenta a Abertis con Fomento por las compensaciones económicas resultantes de la caída de tráfico en varios tramos ampliados de la AP-7 en Catalunya se ha resuelto a favor del grupo de concesiones, según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del pasado 7 de marzo, que el ministerio ya ha anunciado que recurrirá ante el Supremo. La filial Acesa reclama a la Administración 1.494 millones de euros por este concepto desde el 2006 hasta el pasado 31 de diciembre, cantidad que puede aumentar en el futuro y que espera percibir cuando expire la concesión, en el 2021, de acuerdo con su interpretación del convenio firmado en el 2006 con la que el departamento que dirige Íñigo de la Serna no está de acuerdo. El juez ha avalado con su decisión que la compañía apunte en sus cuentas estas garantías como activos financieros, de lo que se derivaría que tiene derecho de cobro.
La ampliación de la autopista de modo que en todo el recorrido gestionado por Acesa en Catalunya tuviese al menos tres carriles por sentido fue acordada por la concesionaria y Fomento y aprobada por el Consejo de Ministros en el 2006. La actuación pretendía dar respuesta a los importantes incrementos de tráfico registrados en los años precedentes, que ocasionaban congestiones con frecuencia. La actuación supuso una inversión por parte de la compañía de 784 millones para acometer las obras, que la concesionaria también plantea cobrar cuando venza la explotación. El aumento de capacidad de esta vía de peaje conllevaría un incremento de la afluencia que reportaría ingresos para rentabilizar la inversión sin necesidad de ampliar el periodo de concesión o subir las tarifas. En caso de que esta facturación adicional no fuese suficientes, se complementaría con aportaciones de la Administración.
Pero en el 2006 no se previó que la crisis haría caer la circulación más del 30%. A partir de ese momento, Acesa se apuntó en sus cuentas como activos financieros las garantías por este descenso de facturación. En el 2011, Fomento planteó dudas sobre la interpretación del convenio en lo referido a estas compensaciones, que la compañía ya ha valorado en 1.494 millones. Según Abertis, el ministerio indicó que no las consideraba como parte del saldo y además discrepaba del modo en que las contabilizaba.
Ante esta discrepancia, el grupo que dirige Francisco Reynés presentó, en junio del 2015, un recurso ante Fomento, que fue rechazado, por lo que, en septiembre de ese mismo año interpuso otro por vía judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que el pasado 7 de marzo falló dando la razón a la concesionaria. En paralelo, también en el 2015, Acesa remitió un escrito al Consejo de Ministros en el que solicitaba su interpretación del contrato sobre la ampliación de la AP-7 en el punto en que había discrepancias. Pero fue desestimado por silencio administrativo. En consecuencia, la empresa llevó el asunto al Supremo.
Desde el 2015, cuando el contencioso se judicializó, Acesa dejó de apuntar en los libros las compensaciones por falta de tráfico como activos financieros. Ese año provisionó cerca de 900 millones a cuenta de las citadas garantías. Hasta que no haya fallo del Supremo, la concesionaria prevé obrar de este modo. En cualquier caso, subrayó un portavoz, la compañía sigue “abierta al diálogo” con Fomento para hallar una salida al conflicto que evite los tribunales. La misma fuente asegura que en la etapa de Ana Pastor como ministra no fue posible, lo que llevó el asunto a la vía judicial. No obstante, invita a los actuales responsables del ministerio a que reconsideren su posición.