La imposible lucha contra la pobreza
Parece que la Generalitat y las entidades sociales que proponen el establecimiento en Catalunya de una renta garantizada de ciudadanía (RGC) no acaban de llegar a un acuerdo. El mayor obstáculo es su compatibilidad o no con la percepción de rentas del trabajo. Ambas partes tienen sus razones; el problema es que luchan contra lo imposible.
En lo que parece que ambas partes están de acuerdo es en que una persona adulta que no tenga ningún ingreso y con un niño a su cargo debería recibir de la Generalitat 982€/mes u 11.784€/año. No se trata de una cifra extremadamente generosa, como pone de manifiesto el hecho de que el “umbral de pobreza” en Catalunya para una unidad familiar como ésta sea de 14.650€/ año y el “umbral de extrema pobreza” sea de 9.815€. La novedad respecto a las políticas actuales es que, en vez de ayudar de varias maneras a quien no alcance aquellos 11.784€, a partir de la aprobación de los presupuestos de la Generalitat de 2017, ésta debería proporcionar a la familia esa cantidad.
Los problemas para alcanzar un acuerdo son dos. El primero, que no parece explicitarse pero que es real, es que, suponiendo que todo fuera bien, no hay suficiente dinero. El segundo es que, con la actual regulación del mercado de trabajo, es imposible que las cosas no vayan muy mal. Supongamos que las cosas vayan bien. La RGC que se propone tiene un nivel superior a la renta básica de inserción y promoción social que garantiza el Gobierno vasco: 10.360€/año. Como esta medida hace años que está establecida, su coste es un buen indicador de lo que podría costarle a la Generalitat, como mínimo, la RGC que se discute. En el caso vasco el presupuesto anual es equivalente al 0,44% del PIB, proporción que, trasladada al caso catalán, equivaldría a 1.000 millones de euros/año. Ahora bien, el proyecto de presupuestos de la Generalitat sólo prevé 288 millones, cantidad muy superior a los 173 que destinaba a la renta mínima de inserción, pero manifiestamente insuficiente para instaurar una RGC como la que se propone.
Ahora bien, el desacuerdo, como hemos dicho, se encuentra en la compatibilidad con la percepción de salarios bajos. Para los promotores, un asalariado que no llegue a los 11.784€/año debería ser ayudado, ya que no deja de ser pobre. Para la Generalitat, aceptarlo sería catastrófico.
Para comprender las razones de la Generalitat, sólo hay que consultar un anuncio laboral aparecido en el portal Infojobs el pasado día 3. Ofrece un trabajo de camarero/a de piso en “hoteles de 4* a 5*GL situados en Barcelona”, con “día de descanso [semanal] rotativo” por 9.180€/año.
Mientras aceptamos que en Catalunya se creen puestos de trabajo a 9.180€/año será imposible luchar eficazmente contra la pobreza desde los presupuestos públicos, porque habrá demasiada beneficiarios potenciales. Sin un salario mínimo equivalente al umbral de pobreza, la RGC no deja de ser un sueño inviable.