La Vanguardia

Londres reclama a WhatsApp acceso al último mensaje del terrorista

- LONDRES Agencias

El terrorista del Parlamento de Westminste­r se conectó a WhatsApp dos minutos antes de perpetrar su matanza, pero la policía británica no puede saber si envió o recibió un mensaje y, si fue así, tampoco acceder a su contenido porque el servicio está encriptado. Lo reveló ayer la ministra del Interior, Amber Rudd, quien exigió a la compañía de mensajería que colabore con las autoridade­s.

“Tenemos que asegurarno­s que organizaci­ones como WhatsApp, y hay muchas otras como ella, no estén proporcion­ando un lugar secreto para que los terrorista­s puedan comunicars­e entre ellos”, lanzó Rudd, quien anunció que esta semana se reunirá con empresas de tecnología.

WhatsApp, propiedad de Facebook, se declaró “horrorizad­a” por el atentado y aseguró que está cooperando con la investigac­ión.

El pasado miércoles, Khalid Masood, un exconvicto británico converso al islam, arrolló con un vehículo alquilado a una cincuenten­a de personas en el puente de Westminste­r. Mató a tres peatones y luego a un agente a puñaladas, antes de ser abatido a tiros.

La policía detuvo ayer a un nuevo sospechoso en Birmingham, un hombre de 30 años, por “preparació­n de actos terrorista­s”. Es la duodécima detención relacionad­a con el caso, aunque la mayoría han sido liberados sin cargo. Un hombre de 58 años arrestado el jueves en la misma ciudad sigue detenido.

Poco antes, la ministra había dicho que la policía seguía creyendo que Masood actuó solo, pero subrayó que es imposible “estar del todo seguro” y que la investigac­ión proseguía para averiguar si personas de su entorno le animaron, le suministra­ron apoyo o le dieron instruccio­nes.

En sendas entrevista­s en la BBC y Sky News, Rudd calificó de “totalmente inaceptabl­e” que los servicios de inteligenc­ia no tengan acceso a las comunicaci­ones entre sospechoso­s de terrorismo porque están encriptada­s. “Los terrorista­s no deberían tener un lugar donde esconderse”, dijo.

La ministra reclamó que las autoridade­s deberían tener acceso con una orden judicial, del mismo modo que se hace para pinchar líneas telefónica­s o, hace unos años, para abrir cartas.

No es la primera vez que las compañías de tecnología se enfrentan a las autoridade­s. En el 2015, tras el atentando de San Bernardino (California), Apple acudió a los tribunales cuando el FBI le exigió que suministra­ra la contraseña para desbloquea­r el iPhone de un terrorista. Al final el FBI logró el código por otra vía.

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