Gobierno y sindicatos pactan reducir la alta temporalidad laboral en el sector público
El acuerdo alcanzado plantea crear 250.000 plazas fijas en tres años y una oferta de 67.000 nuevos puestos de trabajo para el 2017
El Ministerio de Hacienda aprobará una oferta de empleo público de unos 67.000 puestos de trabajo para el 2017, que se suman a las 250.000 plazas fijas que se crearán en tres años y que responden al plan de estabilización suscrito ayer con CC.OO., UGT y CSIF. El acuerdo prevé también reducir notablemente la temporalidad del sector público, que pasará del actual 25% al 8%, y una subida salarial del 1% para este año, que los sindicatos ven insuficiente.
Gobierno y sindicatos dieron ayer un paso importante para reducir de forma sustancial el empleo temporal en la Administración mediante la creación de 250.000 plazas de empleo fijas.
El acuerdo suscrito ayer entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos supone recortar un 90% las plazas temporales de funcionarios y convertirlas en indefinidas en tres años. Para llevar a cabo la medida, el Gobierno prevé crear, además de las 250.000 plazas de empleo fijas, otros 67.000 puestos de trabajo públicos este mismo año. El plan no significa que se crean puestos de trabajo nuevos, ni que se aumenta las plantillas, sino que lo que se persigue es convertir los interinos en fijos.
La previsión es que en tres años la temporalidad en la administración pública pase de representar el 25% actual a sólo un 8%. La medida tendrá efectos en otras administraciones diferentes de la del Estado central. Por eso, el sindicato Comisiones Obreras Catalunya se apresuró ayer a pedir una reunión con la Generalitat en la que le exigirá la convocatoria de “unas 45.000 plazas de oferta pública de ocupación en los próximos tres años”. Mediante un comunicado, el sindicato pidió también “la devolución de los derechos perdidos en los últimos años, como las pagas de los ejercicios 2013 y 2014”. El acuerdo se pactó ayer en dos fases. Por la mañana, Cristóbal Montoro firmó con los sindicatos el acuerdo que prevé la citada oferta de empleo público (OEP) para el 2017 de alrededor de 67.000 plazas y el plan de reducción de la interinidad, por el que se convertirán hasta 250.000 interinos en fijos en un plazo de tres años. Por el lado de los sindicatos firmaron el acuerdo los representantes de las organizaciones sindicales CC.OO., UGT y CSIF. La segunda fase se produjo por la tarde durante la reunión oficial de la mesa general de negociación de las administraciones públicas, a la que asistieron, además de los sindicatos, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y en la que además de ratificar las cifras definitivas de ocupación pública se estableció que los funcionarios tendrán este año una subida salarial del 1% tal como ya se había anunciado.
Para aplicar todos los cambios acordados ayer de forma rápida en los sectores en los que es más necesario, el Gobierno prevé aprobar mañana viernes un decreto ley.
Ese decreto permitirá con carácter inmediato la puesta en marcha de la oferta de empleo público en los ámbitos de educación universitaria y no universitaria, Policía Nacional y Guardia Civil. Montoro explicó a los sindicatos que dicho decreto incluirá una tasa de reposición del 100% y dará permiso legal a las comunidades autónomas para que convoquen cuanto antes la oferta de empleo en esos ámbitos, según fuentes sindicales, informa Efe.
Para Montoro el acuerdo en materia de empleo público es una apuesta por la “dignificación” de la función pública y de los servicios públicos, que “tienen que ser una prioridad esta legislatura”, y supone una “importante contribución a la recuperación económica del país”.
En la reunión, los sindicatos rechazaron por considerarla insuficiente la subida salarial de un 1% en el 2017. Los representantes de los trabajadores consideraron que ese mínimo incremento significa una pérdida de poder adquisitivo, por lo que tratarán de mejorar dicho incremento mediante enmiendas a los presupuestos. El presidente de CSIF, Miguel Borra, consideró la oferta salarial como “totalmente inasumible”. El coordinador del área pública de CC.OO., Antonio Cabrera, señaló también su disconformidad con la subida anunciada por el Gobierno y recordó que las comunidades autónomas ya tenían provisionada la partida, por lo que la revisión salarial se hará efectiva una vez se aprueben los presupuestos y de forma retroactiva.
Respecto al plan de regularización de personal temporal, Cabrera consideró que es “aún insuficiente, aunque importante en sectores como la educación, la seguridad y la justicia”. El sindicalista añadió que “ahora queda una parte importante, el desarrollo posterior al acuerdo”, porque cada comunidad autónoma es responsable de convocar sus plazas. Es lo que precisamente reclaman los sindicatos catalanes a la Generalitat.
El secretario general de la federación de servicios públicos de UGT, Julio Lacuerda, mostró también su discrepancia en materia de salario, porque “no es serio”.
Los sindicatos reclaman a la Generalitat que convoque 45.000 plazas de funcionarios