Barcelona llevará a Interior a los tribunales por el CIE
Interior desoye la orden de precinto del centro de internamiento de extranjeros (CIE) de la Zona Franca y dice que seguirá funcionando
“Los centros de internamiento de extranjeros son competencia estatal y seguirá la actividad en el de la Zona Franca”. De esta manera respondía una portavoz del Ministerio del Interior al ultimátum lanzado ayer por el gobierno de Ada Colau para cerrar el CIE de Barcelona. El teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia, Jaume Asens, anunció que se había decretado ayer mismo el precinto del CIE y que debido a los antecedentes todo hacía suponer que Interior haría caso omiso del requerimiento, por lo que el Ayuntamiento tendrá que recurrir a los tribunales.
Mientras el Consistorio sostiene que el CIE debe contar con la licencia de actividades para poder funcionar, Interior defiende lo contrario. Para avalar la tesis municipal, Asens indicó que un estudio encargado a la Universitat de Barcelona, realizado por el catedrático de Derecho Administrativo José Esteve Pardo, concluye que la intervención del Ayuntamiento en el CIE está legitimada. Esta investigación sostiene que la legislación urbanística no exime a las administraciones públicas de tramitar las preceptivas licencias y que el reglamento de los CIE detalla en su artículo 7.1 que sus dependencias deben satisfacer las condiciones para adaptarse a las normas de habitabilidad de la localidad donde estén ubicadas.
Asens añadió que un informe de los bomberos de Barcelona confirma que el CIE no cuenta con un plan de emergencia, lo que “hace imposible asegurar” que no existan riesgos para las personas internas en caso de incendio o de otras situaciones de peligro. El edil manifestó su preocupación por la situación en la que se encuentran las personas internas en el CIE al entender que no se puede garantizar su seguridad. Por otro lado, el Consistorio, al igual que otras muchas entidades defensoras de los derechos humanos, ha reiterado que el internamiento de personas extranjeras debe ser el último recurso, una vez agotadas otras vías.
El Parlament de Catalunya aprobó el 23 de julio del 2015 una resolución que instaba al cierre del CIE con los votos favorables de todos los partidos, excepto el PP y Ciutadans. Una resolución similar fue ratificada meses después por el Ayuntamiento. En noviembre de ese mismo año, las precarias condiciones de las instalaciones del CIE llevaron a Interior a solicitar permiso de obras al Ayuntamiento, que en una inspección detectó que no contaba
El Ayuntamiento aporta un informe de la UB para reforzar la tesis de que el centro precisa licencia de actividades
con “la pertinente licencia de actividades”, por lo que en abril del 2016 abrió un expediente administrativo que culminó con una orden de cese. “Se dieron dos meses de plazo para regularizar la situación, pero Interior no lo hizo ni recurrió la orden. Por eso, transcurridos esos dos meses, la resolución ya era firme y de obligado cumplimiento”, recordó Asens.
“Hoy ponemos fin al expediente administrativo, damos dos meses de plazo para proceder al desalojo, pero atendiendo a la desobediencia de Interior es probable que siga con la actitud de desatención. No se puede frivolizar con la seguridad ni con los derechos humanos, no queremos más muertes ni más casos de tuberculosis en el CIE”, subrayó Asens. La Agència de Salut Pública informó la semana pasada de que había detectado dos casos de tuberculosis en dicho centro.
Después del pronunciamiento de Interior y también del delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, que ayer subrayó la voluntad del Ejecutivo de mantener abierto el CIE, el Ayuntamiento prevé recurrir en junio a la Audiencia Nacional para que determine si es preceptiva o no la licencia de actividades.