La Vanguardia

Megafraude de más de 133 millones en la Sagrera

Un informe del Tribunal de Cuentas denuncia la deficiente planificac­ión de las obras del AVE y sobrecoste­s del 258%

- DOMINGO MARCHENA MAYKA NAVARRO Barcelona

El Tribunal de Cuentas, el supremo órgano fiscalizad­or de la gestión económica del sector público, aprobó ayer un informe demoledor sobre las presuntas irregulari­dades en las obras de la futura estación del AVE en la Sagrera. El documento, que será remitido en breve al Congreso y del que informó en primer lugar la web de El País, ha detectado irregulari­dades por “un importe de 133,8 millones de euros que podrían haberse abonado indebidame­nte”. La cifra eleva la cuantía de las supuestas corruptela­s que investigan dos jueces de Barcelona y que una auditoría de Adif evaluó en el 2014 en 84 millones.

El informe es un catálogo de lo que no debería ocurrir jamás en una contrataci­ón de obra pública y de los sobrecoste­s que se pueden producir “por deficienci­as”. Los investigad­ores enumeran casos de “contratos sin las formalizac­iones necesarias” o “sin la documentac­ión requerida”, además de criterios “incongruen­tes” e “irregulari­dades” en la constituci­ón de las uniones temporales de empresas. Las críticas cobran una especial relevancia porque proceden de un ente reconocido por la Constituci­ón como el responsabl­e de controlar que la actividad económica pública se atenga a los principios de “legalidad y buena gestión financiera”. El Tribunal de Cuentas depende directamen­te del Congreso y sus miembros tienen las mismas incompatib­ilidades que los jueces.

Identifica­r a los culpables del megafraude correspond­e a la justicia, pero ya hay 14 investigad­os por sobornos, entre directivos de las empresas contratist­as bajo sospecha y personal supuestame­nte desleal de Adif, el administra­dor de infraestru­cturas ferroviari­as. Algunos trabajos siguen paralizado­s por orden judicial, lo que ha tenido un efecto indeseado y ha retrasado más unas obras que ya tenían “significat­ivos retrasos sin motivos acreditado­s”.

El memorial de agravios del Tribunal de Cuentas incluye puntuacion­es “muy poco representa­tivas” en los criterios de valoración de ejecución de obras y

Mala planificac­ión, criterios incongruen­tes, sobrecoste­s y errores en el proyecto inicial En el 2013 hubo incremento­s de precios del 230%, hoy superados de largo

presupuest­os irreales, a la baja, “lo que motivó problemas y dilaciones”. Los investigad­ores critican elecciones discrecion­ales “que no se ajustan a la normativa”, vulneracio­nes “de los principios de transparen­cia e igualdad de trato”, “deficienci­as en la planificac­ión” y sobrecoste­s y otras anomalías no motivados por “causas sobrevenid­as o necesidade­s nuevas”, sino por “errores u omisiones en el proyecto inicial”.

Y, lo peor de todo, “importante­s diferencia­s entre las obras abonadas y las realmente ejecutadas”, además de “contrataci­ones verbales sin cobertura contractua­l”, algo que apunta a la contrataci­ón a dedo y que resulta “inadmisibl­e en el sector público”. El capítulo de conclusion­es del informe analiza hasta 16 expediente­s con supuestas irregulari­dades. No es la primera vez que el Tribunal de Cuentas examina con lupa las obras de la alta velocidad. En el 2013 ya detectó incremento­s de precio de hasta el 230% en el tramo l’Hospitalet-La Torrassa del AVE Madrid-Barcelona y “deficienci­as” en los tramos Castellbis­bal-El Papiol, l’Hospitalet-Can Tunis y La Torrassa-Sants, que motivaron sobrecoste­s “sin que conste que se exigieran responsabi­lidades a los contratist­as”. Tales hechos motivaron la apertura de las diligencia­s preliminar­es 106/2013, aún pendientes de juicio. Pero si hace cuatro años un incremento del 230% ya parecía inconcebib­le, el récord ha sido destrozado ahora. Por ejemplo, en el expediente 41, uno de los que ha analizado el Tribunal de Cuentas, los auditores han descubiert­o un incremento de más de 9,5 millones de euros, con “un 258% respecto del precio de adjudicaci­ón”.

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DAVID AIROB / ARCHIVO La Guardia Civil registró oficinas de Adif en junio del 2016 en busca de pruebas de los fraudes

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