España y la UE instan a Caracas a respetar el Estado de derecho
La decisión del Tribunal Supremo venezolano de recortar los poderes de la Asamblea Nacional provocó ayer una dura condena del Gobierno español y del Parlamento Europeo. El mensaje a Caracas fue muy claro: “Respetar el Estado de derecho y el principio
de la separación de poderes”, tal como remarcaron en un comunicado conjunto las comisiones de Asuntos Exteriores y de Derechos Humanos de la Eurocámara.
El Gobierno español, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, expresó su “profunda preocupación” por la situación de Venezuela y solicitó “el restablecimiento
pleno de las competencias del poder legislativo”, “el escrupuloso respeto” al marco legal, así como un calendario que lleve a la celebración de elecciones presidenciales.
El presidente Nicolás Maduro controla el Supremo, mientras que la oposición antichavista tiene mayoría en la Asamblea.
Madrid considera que retirar las competencias a la Asamblea Nacional “no contribuye a la normalización institucional, ni a la necesaria cooperación entre los poderes del Estado”.
El PP y el PSOE se expresaron en términos muy parecidos. La discrepancia la puso el politólogo Juan Carlos Monedero, cofundador
de Podemos, que defendió al Tribunal Supremo venezolano frente a “los mercenarios que desearían abocar a Venezuela a una guerra civil”.
Monedero escribió ayer en su blog en Público que el Supremo no ha disuelto la Asamblea ni ha convocado elecciones.
“Lo único que está haciendo el Tribunal Supremo –dijo– es asumir unas competencias concretas para evitar que Venezuela se paralice mientras dure el desacato”. Monedero considera que “la Asamblea se declaró en rebeldía” cuando el Gobierno “demostró” que tres diputados de la oposición, representantes de la región de Amazonas, fueron elegidos
mediante fraude, “lo que obliga a repetir las elecciones en estos tres casos”.
Monedero considera que, al igual que sucede en muchas constituciones europeas, ante un conflicto entre el poder legislativo y el Ejecutivo, el judicial puede asumir competencias del Parlamento.
Esta interpretación, sin embargo, no la comparte casi nadie, empezando por la fiscal general de Venezuela, que ayer denunció la ruptura del orden constitucional.
El Parlamento Europeo lamentó que el deterioro de la situación política afecte al suministro de productos de primera necesidad y a los servicios sanitarios básicos.