Rigor y advertencia
EL Gobierno español ha recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) los presupuestos de la Generalitat para el 2017. El motivo aducido es su partida destinada a la organización del referéndum sobre el futuro político de Catalunya. Esta noticia conocida ayer –un día después de que el CEO redujera el porcentaje de partidarios de la independencia al 44%– sorprendió a pocos. El Consell de Garanties Estatutàries, órgano de la Generalitat creado para asegurar la constitucionalidad de su normativa, y los dos principales letrados del Parlament habían avisado ya que la pretensión del Govern no se ajustaba a derecho. Pero el Gabinete catalán, siguiendo el guion de desobediencia dictado por la CUP, decidió mantener la partida en cuestión, ahora recurrida.
A medida que se acumulan los recursos contra las estratagemas del soberanismo, cada vez está menos claro el rédito que pueda sacar la Generalitat a sus reiteradas desobediencias. Hasta hoy, sólo le han granjeado la inhabilitación de Artur Mas, expresidente de la Generalitat y presidente del PDECat; de la que fue su vicepresidenta del Govern, Joana Ortega; de su consellera Irene Rigau y, después, de Francesc Homs, que fue conseller de la Presidència. Todos ellos, por sus acciones relativas a la consulta del 9-N.
Ante el hipotético referéndum, el riesgo de inhabilitación acecha a otros altos cargos de la Generalitat, empezando por los miembros del Govern, a los que se podría llegar a procesar por desobediencia, prevaricación o malversación. La de ayer no fue una mera demanda por incumplimiento de sentencia, sino un recurso elevado por el Gobierno ante el TC, referente a la disposición adicional 40 de los presupuestos catalanes, pero también a otras partidas destinadas a procesos electorales, aprobadas sin problema en anteriores presupuestos. Y no sólo eso. Otra particularidad de la nota conocida ayer es que el presidente del Gobierno insta en ella al TC a comunicar la existencia y posibles consecuencias del recurso a un número considerable de cargos de designación de la Administración catalana, incluyendo interventores y directores generales.
Todo ello revela una escalada rigorista del Gobierno al aplicar la ley. No está dispuesto a oír en el futuro que sus indicaciones no fueron claras. Su advertencia lo es y no deja lugar a dudas. Además, se hará llegar particularmente a cuantas instancias se considere necesario. En suma, el Gobierno no les va a pasar ni una al Govern ni al Parlament. De ahí que nos preguntemos y le preguntemos al Govern: ¿hasta dónde cree que va a llevarle su política de gestos? Y, en concreto, ¿a qué coste?