El Tribunal de Cuentas afea la falta de controles de Adif
El ente fiscalizador de las cuentas públicas ve en su investigación más reciente “las mismas deficiencias” que en actuaciones anteriores
Un informe oficial exige medidas urgentes para evitar sobrecostes tan “significativos” como los detectados ahora
Las conclusiones del demoledor informe del Tribunal de Cuentas que trascendió el jueves no acaban con la denuncia de un presunto fraude de 133,8 millones de euros en las obras de la futura estación del AVE de la Sagrera. El máximo órgano fiscalizador de las finanzas públicas también exige que el Estado adopte “sin más dilación” medidas urgentes para evitar nuevas irregularidades, puesto que los sobrecostes tan “significativos” –en algunos casos de hasta el 258%– “que se han detectado en la presente fiscalización (...) ya se habían puesto de manifiesto por el Tribunal en anteriores investigaciones”.
El documento pide más rigor y controles por parte de Adif. Se trata, agrega, de que el administrador de infraestructuras ferroviarias consiga “una previsión más realista de los plazos y costes de ejecución de las actuaciones que tiene encomendadas”. La falta de controles adecuados propicia que las licitaciones se adjudiquen a proyectos con presupuestos muy bajos, pero irreales y que luego se inflan con modificaciones o suspensiones temporales de las obras. Son excusas, dice el Tribunal de Cuentas, “motivadas en muchas ocasiones por imprecisiones en los proyectos constructivos y que suponen un aumento inevitable de los costes”.
Las investigaciones de este organismo independiente han detectado dos casos especialmente llamativos, uno del 2013 en la construcción del AVE Madrid-Barcelona y otro más reciente en las obras del AVE Barcelona-frontera francesa. En el primer caso, el tramo comprendido entre l’Hospitalet de Llobregat y la Torrassa costó 247 millones de euros, con “un 230% de incremento del precio de adjudicación del contrato”. En el segundo caso aparece un expediente cuantitativamente menos importante, pero porcentualmente mucho mayor, con unas obras que costaron más de 9,5 millones de euros, “lo que representó un 258% con respecto al precio de adjudicación”.
El documento denuncia “la utilización generalizada” de las modificaciones de los contratos para hinchar el precio final. Atajar esta situación exige más “medidas y procedimientos de control” y que sólo se autoricen modificaciones de las licitaciones y obras complementarias cuando se detallen “con claridad (...) las razones que las fundamentan”. La situación es más grave si se tiene en cuenta que la actual fiscalización ha destapado “las mismas deficiencias” que en anteriores actuaciones.
Y se volverán a producir, viene a decir el informe, si no se planifican las actuaciones preparatorias de los contratos “de una forma metódicamente organizada”. Las obras civiles de gran envergadura, añade el documento, deben esmerarse en la redacción de los proyectos. ¿Es esto lo que se ha hecho en la Sagrera? Radicalmente, no, aseguran cuatro importantes colegios profesionales de Catalunya que resumen así la licitación de este proyecto: “Un despropósito, un disparate, una chapuza y una obra que nos puede hipotecar durante los próximos cien años”. Las corporaciones profesionales de arquitectos, economistas, ingenieros industriales e ingenieros de caminos, canales y puertos denuncian que el sistema de adjudicación de obras públicas que el Estado ha impuesto en Catalunya “prioriza las cuestiones económicas sobre las técnicas”. La estación de la Sagrera es un buen ejemplo: se adjudicó el contrato al proyecto más barato, pero con una de las peores notas técnicas.