Las bolsas de plástico de las tiendas dejan de ser gratis
Una campaña apuntalará la medida, que entró en vigor ayer
La totalidad de los comercios catalanes están obligados, desde ayer, a cobrar por las bolsas de plástico de un solo uso que les soliciten sus clientes. Es la consecuencia de la aprobación de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat, que ha introducido diversas modificaciones en la legislación sobre residuos. Los grandes comercios (súpers e hípers) ya obligan a los clientes a pagar por obtener las populares bolsas de asa (uno, dos o cinco céntimos de euro); sin embargo, los pequeños establecimientos han continuado facilitando la entrega gratuita de estas bolsas los últimos años. Pero el periodo de adaptación que se les concedió para aplicar esta norma ha acabado, para todos ellos. La Generalitat se adelanta así a la normativa estatal en esta materia, que debe regir a partir del 1 de enero del 2018.
La prohibición de esta gratuidad afecta a las bolsas de cualquier material plástico, incluyendo también las bolsas biodegradables, aunque quedan fuera de la prohibición las bolsas compostables, es decir, aquellas que se puedan usar para recoger la materia orgánica para hacer compost (abono orgánico). Se prohíbe esa entrega gratuita tanto en caja como en los repartos a domicilio.
Para garantizar el cumplimiento de la norma, la Agència de Residus de Catalunya ha anunciado que emprenderá una campaña informativa dirigida a los comercios mediante una cartelería específica.
La Agència de Residus llegó a un acuerdo voluntario en el año 2009 con el sector comercial para hacer pagar por las bolsas en los comercios, si bien en la práctica el acuerdo se ha llevado a cabo sólo en los grandes establecimientos (hípers, súpers…).
La medida ha comportado una disminución del consumo de bolsas de plástico de un 50% en el 2012 con relación al 2007. Se pasó de 327 unidades anuales per cápita a 156. Sin embargo, en los últimos años, se detectó un aumento del 7% en el uso de estas bolsas en el pequeño comercio. La Generalitat ha decidido finalmente modificar la ley para extender la medida a todos los comercios y cumplir la directiva europea. La UE exige garantizar que el consumo anual no supere las 90 bolsas de plástico ligeras por persona a más tardar el 31 de diciembre del 2019.
La gratuidad de las bolsas de plástico es considerada una medida insuficiente por los grupos ecologistas que se movilizaron en su día para reclamar que se pusiera coto a la proliferación de las bolsas de un solo uso e impulsaron la campaña “Catalunya, lliure de bosses de plàstic”. Estos grupos proponen aplicar una legislación más ambiciosa, lo que supondría prohibir las bolsas de un solo uso o implantar un gravamen (20 céntimos) claramente disuasorio, como han establecido otros países y ciudades (Irlanda, Andorra o San Francisco).
Mercè Girona, portavoz del Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius, una de las entidades promotoras de la campaña, señala que con el módico precio aplicado “sólo se consigue reflejar el coste económico que tiene la bolsa de plástico para el comercio, pero no sirve para que se internalicen sus verdaderos costes y asuman sus impactos ambientales globales”. Esta especialista señala que más del 50% de las bolsas de plástico van al vertedero, lo que significa que hay un coste de tratamiento adicional que se transfiere al recibo del tratamiento de la basura que paga el ciudadano, aunque otro volumen importante va al medio ambiente, a los cursos del agua o incluso al medio marino.
Por otra parte, en paralelo, en los últimos tiempos en Catalunya se ha detectado un impresionante aumento de la utilización de las pequeñas bolsas de sección transparentes de plástico que se emplean para coger frutas, verduras, frutos secos, legumbres e, incluso, el pan. En el súper o el híper proliferan ahora más que nunca este tipo de bolsas, lo que se une a la generalización de bandejas, envoltorios y otros envases muchas veces superfluos. El impacto ambiental de todas estas bolsas plásticas tampoco es asumido en ningún gravamen, recuerda Girona, que reclama una ley para reducir el volumen de los desechos domésticos, con que tiene que lidiar el ciudadano en el hogar.
Algunos sectores juzgan insuficiente la decisión y piden que se prohíban o un gravamen disuasorio