Provincias
Las interrelaciones entre economía y política vuelven a estar en el centro de muchos debates. Los organismos económicos internacionales apuntan a (modestas) mejoras en los indicadores económicos al tiempo que de inmediato deslizan, con dosis de alambicada corrección política, que subsisten riesgos a la baja procedentes de eventuales fricciones sociales, políticas y geoestratégicas. Y en conversaciones informales se apunta a cómo las principales fuentes de incertidumbres son hoy más políticas que estrictamente económicas. Ello se manifiesta en controversias acerca del presente y futuro de la globalización o de la integración europea, por citar sólo dos de los casos de alcance más general.
A lo largo de la historia las tensiones en el binomio economía-política se han resuelto con desigual forma y fortuna. Parafraseando una sugerente interpretación de Anatole Kaletsky, podrían citarse fases en las que la política “mandó”, utilizando a la economía como eficaz instrumento. Así sucedió con la puesta en marcha del Estado de Bienestar y de los compromisos de los poderes públicos en la estabilidad macroeconómica, tras la Gran Depresión y la II Guerra Mundial. O con el inicio del proceso de integración europea, en que un objetivo político de alcance se sirvió de la economía para tratar de crear intereses compartidos entre países que llevaban siglos de conflictos militares. En esos casos la economía se habría convertido en una provincia de la política, por utilizar la llamativa expresión del citado analista.
En otras épocas nos habíamos acostumbrado a lo contrario. Desde los años 1980 hasta la crisis de 2008, coincidiendo –o no– con el despliegue de la globalización, nos habíamos ido resignando a argumentaciones que conducían a limitar los márgenes de maniobra de las políticas públicas en aras a requerimientos presentados crecientemente como inexorables de la competencia global u otras dimensiones de las nuevas reglas. Se diría, de nuevo parafraseando a Kaletsky, que la política se habría ido convirtiendo en una provincia de la economía.
La gestión de la postcrisis nos conduce a una situación en la que tenemos dificultades para redefinir las relaciones entre economía y política. Las apelaciones a las políticas públicas, unánimes en los primeros momentos de la crisis, han dejado paso a una contraposición entre quienes las siguen reclamando como un mecanismo permanente que evite nuevas fricciones, y quienes consideran superado el momento de tensión máxima y presionan para volver a las anteriores reglas… que condujeron a los problemas. Con toda probabilidad necesitamos reconstruir un equilibrio razonable, ajustado al nuevo entorno tecnológico y geopolítico. Antes de que los vientos de cola económicos se transformen en vientos de frente cabe exigir que la política, la gestión de los intereses colectivos, haga la importante parte de la faena que, por diversas razones, no está asumiendo.
Hay que reconstruir un equilibrio razonable entre economía y política