Urkullu pide un acuerdo
El Ejecutivo vasco insta a los partidos a alcanzar un acuerdo, pero el PP se resiste
El lehendakari busca un pacto político para cerrar debidamente la historia de ETA.
El Gobierno de Rajoy se ha mostrado hasta ahora inflexible con el tema de la dispersión de los presos de ETA El secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, cree ahora se puede ofrecer otra respuesta al conflicto
“El camino prosigue, nada empieza ni termina hoy”. Las palabras de Iñigo Urkullu apenas dos horas después de producirse el desarme de ETA subrayan el escenario que vive Euskadi, donde en la calle la preocupación por la violencia es mínima desde hace años pero tanto a nivel político como social falta mucho trabajo para superar décadas de terror.
El Ejecutivo vasco, que ha desempeñado un papel crucial en el desarme de la banda, no ha esperado ni un día para marcar los próximos pasos a dar en aras de la buscada “normalización”.
El secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, apuntó ayer hacia tres temas básicos: política penitenciaria, convivencia y el relato de lo ocurrido. “Ahora estamos en mejores condiciones para trabajar: hay que buscar el consenso que permita cambiar estas cuestiones”, explicó.
Mientras poco a poco van floreciendo sinergias políticas en cuanto a la reflexión del pasado y la mejora de la convivencia, el tema de los presos de la banda parece un escollo casi insalvable a día de hoy.
El Gobierno de Rajoy se ha mostrado hasta ahora inflexible con el tema y, tras los actos del sábado en Bayona, se mantuvo igual: rehusó valorar el asunto de la dispersión destacando sólo que la banda no conseguirá “réditos”.
El PP vasco fue la única fuerza que se opuso al texto del Parlamento de Vitoria aprobado la semana pasada en el que se pedía a ETA un “desarme completo y definitivo”. Los populares consideraban que era un intento de “camuflar su derrota”.
En esa línea, la portavoz del PP vasco, Nerea Llanos instó ayer a las fuerzas políticas a no “hablar de presos”: “Son un problema de la banda terrorista, ETA lo ha generado y le corresponde a cada uno de ellos cumplir la ley”, subrayó Llanos.
El PSE, por su parte, aseguró que la situación de los presos “depende exclusivamente de ellos” aunque la supeditó también a la disolución de la banda, hecho que sin duda “contribuiría directamente”.
ETA tiene actualmente 360 presos –280 están en cárceles españolas y otros 80 en Francia–, una cifra que desde el anuncio del cese de la banda en 2011 supone un descenso de 600 reclusos. Ahora mismo, hay más encarcelados sin delitos de sangre que por asesinato y la comunidad española que más alberga es Andalucía, en cuyas cárceles cumple condena casi un tercio del total.
Entre tanto, la justicia francesa ha comenzado a tomar declaración a los miembros del Comité Internacional de Verificación (CIV) que ejercieron de supervisores en la entrega de armas de ETA a las autoridades galas en varias localidades del suroeste de ese país.
Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a la agencia Efe que los jueces están tomando declaración como testigos a los participantes en la entrega de las localizaciones de los zulos donde se escondían las armas. Los integrantes del CIV comunicaron a la Fiscalía de Bayona la localización de ocho depósitos de armas que contienen alrededor de 120 armas de fuego, tres toneladas de explosivo, municiones y detonadores.
Los listados hallados en los zulos incluyen balas, revólveres, pistolas, detonadores industriales, temporizadores, así como explosivos y productos químicos como pentrita, pentolita, polvo de aluminio, nitrometano, amonal y ácido sulfúrico.
Precisamente para conocer la información sobre estas armas el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco abrió el pasado viernes diligencias, a petición de la Fiscalía, para cursar una comisión rogatoria a Francia. El objetivo de la Fiscalía es conocer el material entregado para determinar si alguna de las armas forma parte de algún procedimiento contra la banda terrorista.
No obstante, las fuerzas de seguridad tienen pocas esperanzas de que las armas entregadas por ETA sirvan para arrojar luz sobre los 224 atentados de la banda que quedan sin resolver, al entender que seguramente estarán limpias de pruebas y muchas de las usadas en esas acciones ni siquiera se habrán entregado.