El Consejo Fiscal expresará confianza en los fiscales del 3% sin darles amparo
La cúpula de la Fiscalía quiere que se aclare primero la denuncia por coacciones
El Consejo Fiscal del próximo miércoles será uno de los más agitados de los últimos años. Van a estar sobre la mesa dos conflictos agudos, el relativo al cese de los fiscales de caso 3%, –que atañe a la financiación irregular de CDC– y el que ha destapado el saqueo al Canal de Isabel II de Madrid. Ambos tienen en común que han incendiado la Fiscalía Anticorrupción, una de las piezas más sensibles de la actual estructura del Ministerio Público.
Pero desde la Fiscalía General del Estado se intenta aproximar posiciones o, por lo menos, ganar tiempo. Para favorecerlo, hay un principio de acuerdo con respecto al cambio de los fiscales del 3%, José Grinda y Fernando Bermejo, consistente en una declaración pública en la que el Consejo Fiscal exprese su confianza –y tal vez incluso su reconocimiento– hacia el trabajo desarrollado por estos fiscales, pero al propio tiempo les niegue la concesión del amparo que han solicitado.
Grinda y Bermejo han pedido ese amparo al Consejo Fiscal ante la denuncia que ha interpuesto contra ellos Rafael Pallardó, imputado en otra investigación paralela. Pallardó sostiene que los dos fiscales le presionaron para que declarara contra varios miembros de la familia Pujol, entre ellos el propio Jordi Pujol i Soley y su esposa, Marta Ferrusola. Por este motivo se ha abierto una investigación contra Grinda y Bermejo por supuestas coacciones.
Los dos fiscales tienen un apoyo mayoritario entre sus compañeros de la Fiscalía Anticorrupción, pero al propio tiempo su relación con el jefe de esta instancia especializada, Manuel Moix, no es ni mucho menos del mismo signo. Moix es quien les ha cambiado al frente de la investigación sobre el caso del 3%, con el argumento de que es lógico que el asunto quede en manos de dos fiscales de Anticorrupción en Barcelona –Fernando Maldonado y Teresa Duerto–, alegando para ello tanto razones de proximidad geográfica como de optimización de medios.
En el Consejo Fiscal se quiere intervenir en el conflicto sin dejar por ahora un rastro de vencedores y vencidos. El parecer de este órgano no es vinculante para el fiscal general del Estado, que es la máxima autoridad entre los fiscales, pero tiene mucho peso. En especial, porque dicho consejo es el máximo órgano representativo de la carrera. Tiene doce miembros, seis de la conservadora Asociación de Fiscales (AF) y tres de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), mientras los otros tres son institucionales. Estos integrantes natos son el propio fiscal general, el teniente fiscal del Supremo y el jefe de la Inspección. Y por ahora la solución salomónica que se ha abierto paso es poner de relieve que se ve positivamente la tarea de Grinda y Bermejo, pero sin decir que se les ampara frente a la acusación de coacciones, a la espera de lo que resulte de la investigación tras la denuncia que se ha presentado contra ellos.
Grinda y Bermejo, en todo caso, siguen acumulando apoyos en la Fiscalía Anticorrupción. También Juan José Rosa, el tercer fiscal que asistió a la reunión con Pallardó, pero a quien este se refiere de forma marginal, porque intervino tangencialmente. En todo caso, la solicitud de amparo presentada por los tres fiscales ha sido respaldada por las firmas de la mayor parte de la plantilla, si no toda, de Anticorrupción –como puede apreciarse por las firmas de los documentos que se reproducen en esta misma página–, empezando por la número dos de esta Fiscalía, la teniente fiscal, Belén Suárez. El escrito se refiere al “manifiesto ataque a la imparcialidad que rige nuestra función”, tesis que suscriben todos los firmantes después de los tres fiscales que dicen haber sido perturbados en su labor.
La práctica totalidad de los fiscales de Anticorrupción ha pedido amparo junto a Grinda y Bermejo