El principio de todo
Adigsa, la primera investigación sobre el 3%, llega hoy a juicio
Era como un espectro: se hablaba de él, pero nadie le daba cuerpo. Hasta que en el año 2005 un pequeño empresario de la construcción admitió que lo conocía. Es el famoso 3%. En aquel momento, la Fiscalía abrió una investigación que hoy, doce años después, llega a juicio. Es el caso Adigsa: el principio de todos los cientos.
En verdad, quien abrió la caja de Pandora fue Pasqual Maragall, presidente de la Generalitat. El 24 de febrero del 2004, en un pleno del Parlament de Catalunya sobre el hundimiento del túnel del metro del Carmel, protagonizó una dura controversia con el jefe de la oposición, Artur Mas, a quien le espetó: “Ustedes de las cosas que le dieron pie fue una auditoría sobre los anteriores gobiernos autonómicos, de CDC, encargada por el tripartito. Este documento no se hizo público, pero ya contenía algunas afirmaciones llamativas, como la existencia de una “separación creciente entre la estructura decisoria y la estructura administrativa”, o la falta de controles, o fraccionamiento en varios contratos menores que así no precisaban concurso. Tras las palabras de Maragall, el entonces fiscal jefe de Catalunya, José María Mena, abrió una investigación para dilucidar si existía el pago de comisiones, y ofreció la posibilidad de presentar denuncias.
El caso se inició con grandes expectativas, pero lo cierto es que no alcanzó el nivel de lo visto posteriormente. La única persona que habló en la Fiscalía fue un pequeño constructor, José Antonio Salguero, quien dijo que la Generalitat le había contratado para rehabilitar 24 viviendas en Artesa de Segre y que no le había pagado. Pero él sí que abonó dinero para conseguir el contrato.
En el centro de la trama se situó un personaje llamado Josep Maria Penin, un contratado por la empresa pública Adigsa, donde realizaba tareas relacionadas con viviendas de segunda mano que eran rehabilitadas y puestas en el mercado. Era el cobrador. Y se daba la circunstancia de que era familiar lejano de Felip Puig, conseller de Política Territorial del que dependía la sociedad, y que había sido chófer de CDC.
El caso ha tenido un largo recorrido entre el juzgado y el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Finalmente, en el banquillo se sentarán el exconsejero delegado de Adigsa, Josep Antoni Fontdevila; dos personas más de la compañía, Jordi Huguet y Xavier Sala; el citado Penin; el denunciante Salguero, y dos empresarios más, Jordi Honrubia y Ángel Egido. Bajo sospecha hay 29 obras de rehabilitación en viviendas de segunda mano, y la Fiscalía solicita penas que van desde un año y un mes a los diez años de cárcel, aunque es posible que las sesiones no se completen porque se llegue a un pacto antes del inicio.
Pasqual Maragall habló del 3%, la cifra que luego ha salido a relucir en el caso que se indaga en El Vendrell. En el Palau de la Música se asegura que fue un 4%. Y Salguero afirma que pagó un 20% para hacerse con los contratos. Aquel 24 de febrero del 2004, Artur Mas respondió a Maragall que había perdido los papeles. Visto lo visto, con los años alguien los ha encontrado.