Airbnb acuerda con San Francisco controlar su actividad
La web acepta que todos sus hospedajes estén en su lista y con registro municipal
La plataforma Airbnb firmó el lunes la paz judicial con San Francisco, la cuna de esta plataforma que nació en California, y se ha extendido por el mundo, para que los residentes en una vivienda obtuvieran un beneficio “compartiendo” su apartamento.
La empresa digital se comprometió a cumplir la demanda municipal de otorgar más transparencia sobre los alojamientos en su lista y aplicar las regulaciones existentes a la hora de registrar la oferta de hospedajes.
Esa idea de compartir piso abrió las puertas a la trampa de un mercado clandestino de alquileres por cortos periodos que permiten obtener más rendimiento a los propietarios al transformar sus residencias en hoteles ilegales. Esto ocurre no sólo en Estados Unidos, otras ciudades en Europa se han rebelado.
La beligerancia inicial de la empresa, dispuesta a combatir en los tribunales, parece ceder a una política de negociación a medida que se acerca la posibilidad de salir a oferta pública. Brian Chesky, jefe ejecutivo de la compañía, aseguró a finales del 2016 que en cosa de un año podían estar listos para conseguirlo. En esta línea, el pasado diciembre alcanzó ya un acuerdo extrajudicial con Nueva York, la otra ciudad clave en su historial y la que más se sirve de sus servicios. Cedió ante las multas que la Gran Manzana impone a los que precisamente ofrecen ilegalmente estancias inferiores a 30 días como establece la normativa fijada por el Estado.
Si se unen los dos litigios, la solución adoptada en ambos casos permite a Airbnb limpiar de obstáculos sus dos principales mercados. También envía un mensaje. Esta sociedad online, con una valoración de unos 30.000 millones de dólares, afronta conflictos legales en otros de esos mercados, entre ellos el de Barcelona, cuyo Ayuntamiento ha impuesto diversas sanciones a propietarios de pisos que se anuncian sin tener licencia turística.
En San Francisco, la web site ha optado por la vía conciliatoria. Airbnb había demandando al municipio después de que los concejales aprobasen una norma para impedir que la compañía recaudase dinero de propiedades no registradas en sus listas. Su argumento consistió en esta regla: la Primera Enmienda de la Constitución (libertad de expresión, religión o reunión) y la denominada ley de la decencia de las comunicaciones. Una vez rubricado el pacto de concordia, el abogado municipal Dennis Herrera calificó de “cambio de juego” .
“Este acuerdo ayuda a proteger el preciado suministro de vivienda al obligar a la compañía a certificar que todos los hospedajes de la lista son legales y que son propiedades registradas”, insistió.
En el 2015, San Francisco aprobó que Airbnb diera de alta todas sus viviendas con el municipio. Según sus cálculos, en la web se ofrecían 8.000 hospedajes cuando tenían suscritos escasamente 2.100. Airbnb acepta ahora que cada pieza cuente con un número municipal de registro.
El pacto con su ‘cuna’ y con Nueva York facilita el camino para que la empresa salga a oferta pública