Los fiscales del 3% tratan de llevar el caso a la Audiencia Nacional
El Consejo Fiscal se reúne hoy para abordar la crisis en Anticorrupción
Los fiscales del caso del 3%, que afecta a la antigua Convergència, intentan que el asunto que ahora lleva un juez de El Vendrell pase a la Audiencia Nacional, como una forma de no perder el caso ante el intento de apartarlos por parte del fiscal Anticorrupción.
LOS MOTIVOS La tesis de los fiscales se basa en los delitos económicos cometidos y en su repercusión
LA CONSECUENCIA El envío del caso a la Audiencia podría dar una vía de salida al conflicto planteado
Los fiscales del caso 3% quieren que el asunto se siga en la Audiencia Nacional. Lo van a pedir en breve, antes de que se les llegue a apartar de las investigaciones, si eso ocurre finalmente. El motivo es el resultado de las últimas diligencias practicadas por el juzgado de El Vendrell. El balance de las últimas actuaciones ha llevado a los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo a la conclusión de que la instancia competente para seguir la causa es la Audiencia, al margen de si ellos continúan o no encargados de este procedimiento.
Grinda y Bermejo se lo van a hacer constar así al Consejo Fiscal, que hoy se reúne para conocer los informes relativos a los enfrentamientos entre el jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, y los integrantes de la plantilla de esta Fiscalía especializada. De hecho, dicho colectivo ha firmado en bloque la petición de amparo al Consejo junto a los dos fiscales afectados. Puede hablarse, por tanto, de un conflicto generalizado.
La competencia de la Audiencia Nacional para el 3% se basaría en que se persiguen delitos que legalmente corresponden a esta instancia judicial. La petición mencionará el artículo 65 de la ley del Poder Judicial y el 436 del Código Penal. El primero prevé de qué tipo de delitos, en especial de orden económico y fiscal, se ocupa la Audiencia y el segundo describe el tipo penal de fraude a las administraciones públicas.
La solicitud de que el caso del 3% pase a la Audiencia Nacional tendría que aprobarla el fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix. Aquí puede haber un nuevo punto de fricción, si Moix se opusiera. No obstante, en medios de dicha Fiscalía no se estima muy probable ante el cariz de la investigación.
Moix, en todo momento, ha basado la defensa de su propuesta de cambio de los fiscales que llevan el caso en la conveniencia de que sean las delegaciones de la Fiscalía Anticorrupción las que asuman los procesos de sus respectivos territorios. El pase del caso a la Audiencia Nacional restaría motivos a su decisión y al propio tiempo le daría una vía de salida al conflicto.
Esta solución también podría dar un respiro al fiscal general, José Manuel Maza, que apoyó el nombramiento de Moix –con el que sigue teniendo plena confianza–, pero con quien no esperaba que surgieran tantas dificultades.
Y ello a pesar de que en el Consejo Fiscal en el que se discutieron los nombramientos se manejó el dato de que existían unas grabaciones en las que ciertos políticos –luego se ha sabido que eran Ignacio González y Eduardo Zaplana– celebraban a priori la entonces posible elección de Moix y comentaban su idoneidad para el cargo.
La existencia de estos antecedentes, ahora ya del dominio público, ha causado un gran malestar en la carrera fiscal en general y en el Consejo Fiscal en particular. Los tres representantes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) van a mantener una reunión de su grupo antes del inicio del Consejo –previsto para las cinco de la tarde– y no descartan llevar la petición de responsabilidades hasta sus últimas consecuencias. Primero quieren escuchar las explicaciones que puedan dar el fiscal general y el jefe de la Inspección, Fausto Cartagena. Pero el ambiente no es propicio para la distensión y las inclinaciones comprensivas. Para la conservadora Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en el Consejo, el problema es aún más delicado, porque Moix fue elegido con sus votos.
Tanto en el Consejo como en Anticorrupción reina, por otra parte, la desolación ante la constatación de que en este contexto es imposible el cambio legal que iba a dejar la instrucción de las causas penales en manos de los fiscales. Nadie espera ya que una reforma de este tipo pueda llevarse a cabo en esta legislatura. Y todos lamentan en la Fiscalía que se haya perdido otra oportunidad.