El negocio y las tasas
El impuesto a las bebidas azucaradas que aplica desde este mes la Generalitat de Catalunya; y el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de San Francisco y Airbnb.
LA plataforma de alquiler de pisos turísticos Airbnb ha alcanzado un pacto con el Ayuntamiento de San Francisco que pone fin al contencioso y orienta la actividad de la compañía. Se trata de un acuerdo especialmente significativo porque Airbnb fue creada –y tiene su sede central– en la dinámica ciudad californiana y porque encauza su actividad de forma satisfactoria para ambas partes.
Como sucede con otras plataformas estadounidenses llamadas a revolucionar el sector de los servicios de todo el mundo, Airbnb ha llegado para quedarse y es utópico creer que un servicio digital que tiene oferta y demanda pueda ser erradicado. El pulso entre la compañía y el Ayuntamiento de San Francisco ilustra el problema, es similar al que sostienen Airbnb y el Consistorio de Barcelona y ha sido resuelto de una manera exportable: el portal facilitará al Ayuntamiento de la ciudad californiana todos los meses una lista de sus apartamentos, a fin de que el Ayuntamiento pueda verificar si se ajustan a los requisitos legales. Airbnb se compromete a retirar de sus páginas aquellos pisos que el Ayuntamiento de San Francisco considere que incumplen la normativa. Entre estos requisitos figura que un alquiler no supere las 30 noches seguidas, que un particular sólo pueda poner en alquiler una unidad y que viva en ella nueve meses al año como mínimo (no podrá alquilarla más de 90 noches anuales).
Antes de enzarzarse en un litigio interminable, las dos partes han demostrado flexibilidad y salen reforzadas con el pacto. El Ayuntamiento de San Francisco, destino turístico por excelencia, pone límites a un crecimiento que empezaba a desbordar determinados barrios y disparar sus precios, con el riesgo de alterar bruscamente la composición social de una ciudad que en Estados Unidos es ejemplar, con apenas barrios vacíos o fuertemente degradados. Este equilibrio es un valor que defender y esa defensa sólo puede ejercerla la Administración pública. Para Airbnb, el pacto supone sacrificar beneficios a corto plazo para mantenerlos a largo y reforzar su mejor perfil. La compañía no puede permitirse el lujo de ser asociada a degradaciones.
No se pueden poner puertas al campo. El compromiso de San Francisco está lejos de alcanzarse en Barcelona, después del fracaso de las últimas negociaciones, en febrero. La vía legal sólo es útil en tanto que induzca a negociar. Barcelona necesita el turismo y muchos ciudadanos ven en Airbnb una forma de redondear ingresos, pero la compañía tiene que entender, como ha hecho en San Francisco, que no puede acelerar la pérdida de tejido social ni gozar de una libertad ilimitada.