La cúpula de Adigsa admitirá el cobro de comisiones para eludir la cárcel
El inicio del juicio del primer caso del 3% queda aplazado por un error judicial
Los exdirigentes de la empresa pública de la vivienda Adigsa están dispuestos a reconocer que se cobraron comisiones ilegales para adjudicar obras de reforma en domicilios a cambio de penas que les permitan eludir la cárcel. Así pues, se dará carpetazo a la primera causa conocida como del 3%, que se lleva arrastrando desde hace doce años aunque en algunos aspectos se cerrará en falso. Se producirá la confesión tanto de los dirigentes de la empresa pública Adigsa como de los empresarios que abonaron las comisiones para que les concedieran las obras, pero sin que ninguno de los participantes en el fraude ingrese en prisión y sin que se haya podido probar la financiación irregular a Convergència, ya que el acuerdo que se rubricará no define adónde fue a parar el dinero.
Los acusados se presentaron ayer a la Audiencia de Barcelona con la intención de confirmar el pacto de conformidad sellado con la Fiscalía, que fija penas inferiores a los dos años de prisión por cada uno de los delitos de los que se les acusa. Aun así, el pacto se tendrá que firmar el próximo 16 de mayo, ya que un error del tribunal obligó a suspender el juicio que debía empezar ayer.
El pacto tiene en cuenta varios atenuantes para rebajar las penas de hasta diez años de prisión que se reclaman para los acusados. El principal argumento que asume la Fiscalía para aceptar firmar el acuerdo es que los acusados confesarán el delito así como el largo tiempo transcurrido. Y es que ha llovido mucho desde que se inició la investigación.
El asunto se arrastra desde que el expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall insinuó la financiación irregular de CiU en una sesión en el Parlament ante el entonces jefe de la oposición Artur Mas con una frase que ya ha quedado para historia: “Ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3%”. Eso fue en el 2005 y la Fiscalía aplicará el atenuante de dilaciones indebidas para sufragar el perjuicio causado a los acusados.
Otro de los aspectos que suman para rebajar la pena es la reparación del daño. Los acusados deberán pagar 120.000 euros –ayer consignaron la mitad– presuntamente desviados de Adigsa. El mayor beneficiado del pacto es Josep Fontdevila, el ex consejero delegado de la empresa pública Adigsa, que afronta una pena de diez años de prisión que quedaría rebajada a 1,9 años por cada uno de los tres delitos que se le imputan. Los acusados se beneficiarán de la última reforma del Código Penal, que permite suspender las penas que, individualmente, no superen los dos años de prisión.
Cuando se retome el juicio dentro de quince días se deberá firmar el pacto, aunque todavía queda un último escollo. El empresario que destapó la trama corrupta, José Antonio Salguero, no quiere sumarse al pacto. La Fiscalía solicita para él, al igual que para el resto de empresarios, un año y medio de prisión. Él, que en su día confesó haber pagado una mordida del 20% del total de la obra que le adjudicaron, reclama que le absuelvan.
Si Salguero no se suma al pacto, se tendrá que celebrar el juicio utilizando las pruebas que atañen sólo al empresario. Quedan quince días para deshacer el embrollo, un tiempo extra que se ha ganado por culpa de un error del tribunal que obligó a aplazar el juicio. El administrador de una empresa que consta en la causa como responsable civil subsidiaria y un empresario acusado de responsable civil a título lucrativo fueron citados erróneamente por el tribunal y no se presentaron al juicio.
En esta causa estuvo imputado durante ocho años el entonces presidente de Adigsa y exdiputado de CiU Ferran Falcó, pero su acusación fue archivada al entender que no tuvo incidencia en el fraude. Semanas después, la magistrada del TSJC que le desimputó fue nombrada responsable política de Transparència por Artur Mas, un cargo que abandonó para volver al TSJC. La semana pasada el CGPJ la trasladó a la sala de lo Contencioso.
Excargos de la empresa pública de la vivienda y empresarios aceptarán penas inferiores a dos años