Forcadell defiende ante el TSJC la inviolabilidad del Parlament
Centenares de personas arropan a la presidenta de la Cámara hasta el tribunal
Carme Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlament imputados por presunta desobediencia al Constitucional mantendrán la misma línea de defensa: permitieron la votación de las resoluciones sobre el referéndum por una cuestión de libertad de expresión y aducirán la inviolabilidad que ampara a los diputados. Casi dos mil personas arroparon a Forcadell y Anna Simó.
No se trata sólo de una cuestión de libertad de expresión. Es también un asunto de inviolabilidad de los diputados del Parlament. Este es el nuevo precepto que Carme Forcadell ha añadido a su estrategia de defensa ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en su segunda comparecencia como imputada, en esta ocasión por haber permitido el debate y votación de las resoluciones sobre el referéndum en el último debate de política general, el pasado 6 de octubre. Y este es el argumento que utilizan asimismo el resto de miembros de la Mesa encausados –en su caso por primera vez– por el mismo motivo.
La presidenta del Parlament y la secretaria primera de la Mesa, Anna Simó, protagonizaron ayer las primeras declaraciones derivadas de la nueva querella por desobediencia y prevaricación interpuesta por la Fiscalía. Y ante la magistrada instructora del caso, Maria Eugènia Alegret, expresidenta del TSJC, no sólo negaron la mayor, o lo que es lo mismo, que actuaron de acuerdo con la legalidad y no transgredieron ninguna decisión del Tribunal Constitucional (TC), sino que le pidieron amparo a la inviolabilidad de que gozan en el ejercicio de sus funciones como diputadas del Parlament y como garantía de la separación de poderes. “La inviolabilidad es un derecho inherente a la condición de diputadas y el tribunal tiene la obligación de ampararnos”, explicó Carme Forcadell en una alocución en el Parlament posterior a la declaración en el palacio de justicia, en la que lamentó que, “en lugar de esto, nos citan a declarar, y el simple hecho de que tengamos que ir a declarar ya vulnera nuestros derechos e, indirectamente, los de la ciudadanía”.
Una declaración que “es una anomalía en el marco democrático”, en palabras de Anna Simó, y que deción muestra también que “lo que está en juego no es un proyecto político, sino la esencia de la democracia”, según la misma presidenta del Parlament. Y frente a ello las dos coincidieron en que “no aceptaremos la censura ni nos autocensuraremos”, porque “hablar, debatir y votar no es delito”. “No nos doblegaremos a la voluntad censora de los que quieren paralizar y coartar a un Parlament democrático”, remacharon desde el despacho de audiencias de la presidencia del Parlament, acompañadas por el resto de miembros de la Mesa imputados (Lluís Corominas y Ramon Barrufet, que declararán el viernes, y Joan Josep Nuet, que lo hará el 12 de junio).
En su declaración ante la magistrada, de veinte minutos cada una, por separado, y en la que sólo contestaron las preguntas de las respectivas defensas, tanto la presidenta del Parlament como la secretaria primera de la Mesa tuvieron asimismo especial interés en poner de relieve que el debate de política general que anualmente se celebra en el Parlament –en el que se votaron las resoluciones sobre el referéndum que han dado pie a la nueva querella– no deriva de ningún acto anterior, sino que es una unidad en si mismo y tiene un comienzo y un final propios. El detalle puede parecer muy reglamentista, pero tiene también una notable carga política, al considerar las defensas que por esta razón no le es aplicable un incidente de ejecución de sentencia del TC, como plantea la Fiscalía.
A la declaración, en cualquier caso, las dos acudieron acompañadas de todos los representantes políticos y sociales del bloque soberanista, en una nueva demostración de unidad. Como en la primera cita- Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras, de Junts pel Sí, PDECat, ERC, CUP y Catalunya Sí que es Pot, de entidades soberanistas y de sindicatos, así como alcaldes y concejales, expresidentes del Parlament y condenados por el 9-N, marcharon en comitiva desde el Parlament hasta el TSJC, donde les aguardaban unas 2.000 personas según la Guardia Urbana, unas mil menos que hace cinco meses, con banderas esteladas, pancartas de apoyo y cánticos en favor de la independencia. La novedad la protagonizó el presidente de la Generalitat, que en aquella ocasión y cuando se llevó a cabo el juicio del 9-N evitó llegar hasta las puertas del tribunal y se apartó de la comitiva un poco antes y que esta vez, en cambio, no ha tenido inconveniente en que se le viera frente al TSJC, como señal de su respaldo inequívoco a la segunda autoridad de Catalunya. Un respaldo que verbalizó la portavoz del Govern, Neus Munté, al constatar “el bajo nivel de la democracia en el Estado español” y denunciar “la criminalización de las ideas y de la libertad de opinión y expresión”.
Una vez finalizada la declaración de la presidenta del Parlament y de Anna Simó, los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, anunciaron la creación de una caja de solidaridad con la que recoger fondos para pagar las multas impuestas a los condenados a causa del proceso soberanista, entre los que de momento se encuentran los inhabilitados por el 9-N (Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs). Los expresidentes del Parlament Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert actuarán de auditores de esta caja de resistencia para garantizar la transparencia de una medida con la que el bloque soberanista, a pesar de las diferencias internas, quiere volver a cerrar filas ante el tramo final que ha de desembocar, sobre el papel, en la celebración del referéndum en septiembre.