Náufragos
Dicen que el Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat va a dirigirse a la ciudadanía para preguntarle si creen importante que se cumplan las leyes. El que se plantee semejante pregunta es prueba, no sólo de que nos sobra el dinero, sino también de que uno puede vivir sin cabeza, pues lo que la experiencia demuestra, sin dejar un resquicio a la duda, es que una sociedad no puede vivir sin el compromiso de acatar unas leyes que ella misma se da.
Nada mejor, para convencer de esa verdad de Perogrullo al anarquista más recalcitrante, que recurrir a una situación extrema. En 1864, cinco hombres naufragaron en el archipiélago de las islas Auckland, 400 km al sur de Nueva Zelanda, en plena zona subantártica, y allí pasaron un año hasta que, convencidos de que nadie les iría a buscar, lograron, meses después, regresar a la civilización por sus propios medios. Uno de los cinco, François-Édouard Raynal, escribió el relato de sus peripecias, Los náufragos de las Auckland en español. Lo reducido del grupo hacía imprescindible, para hacer posible la supervivencia, mantenerlo unido. Sin embargo, a poco de llegar a tierra, Raynal, al advertir algunos roces entre sus compañeros, se dio cuenta de que la convivencia se deterioraba, y que la unidad estaba amenazada, por lo que se decidió a proponerles un reglamento. Raynal justificaba así la necesidad de una disciplina externa: “El hombre es tan débil que a veces ni la razón, ni la defensa de su dignidad, ni siquiera la consideración de su interés bastan para recordarle cuál es su deber”. El reglamento fue aceptado, y todos juraron solemnemente cumplirlo. Raynal no duda que esas normas les salvaron la vida.
A diferencia de lo que seguramente ocurriría en Suiza, el Centre d’Estudis d’Opinió estará satisfecho si su pregunta arroja un porcentaje significativo de respuestas que no concedan importancia al incumplimiento de la ley. Tal resultado será muestra del grave proceso de erosión de la ley que estamos viviendo. La experiencia contada por Raynal nos dice que esa erosión amenaza seriamente la convivencia, porque es imposible que cuarenta millones de náufragos sobrevivan sin leyes. Tampoco nueve millones. Los soberanistas no deben hacerse ilusiones: todas las leyes pierden valor, también las promulgadas por el Parlament.
La erosión de la ley es obra de todos: aquí se ha menospreciado abiertamente la legislación estatal, empezando por la Constitución, mientras que en Madrid se ha hecho mal uso de ella, dando validez exclusiva a las interpretaciones que mejor servían los intereses del partido en el Gobierno y que mejor protegían a su presidente de las embestidas del ala más cerril del mismo. Unos y otros han ido minando la base de la aceptación de la ley, que es el convencimiento de que los legisladores actúan pensando en el bien de los administrados y no en el suyo propio. Queda muy poca cosa de esa lealtad: nos movemos entre dos polos, la ignorancia más crasa y el cinismo más descarado. Los extremos se tocan hasta tal punto que a veces cuesta distinguir, en presencia de la máscara impasible de algún político, si es que no sabe nada o es que no tiene vergüenza, sin que una cosa excluya a la otra.
En los próximos meses, quizá en las próximas semanas, la etapa actual del proceso soberanista tocará a su fin. No hay que esperar que sea un final feliz, ni tampoco trágico, sino sencillamente tristón. Unos y otros habremos de enfrentarnos a la realidad: nadie nos sacará de esta isla de nuestro naufragio, ni el TC, ni la ONU, ni siquiera la OTAN. Habremos de salir de ella por nuestros propios medios. Nuestro problema no es menos grave que el de los cinco náufragos, y para resolverlo serán precisas cuatro cosas: la primera es admitir que nuestra supervivencia está en la unidad, y que para lograrla es preciso respetar las leyes. La segunda es olvidar, no nuestra historia, sino lo que nos han enseñado como tal, que es sobre todo propaganda. La tercera –una vez asimilada la segunda–, recordar que aquí no hay vencedores ni vencidos, que esas son categorías que sólo importan a quienes aspiran al poder por encima de todo; que es un asunto de todos, en el que nadie está en posición de dar lecciones a nadie, como los jueces se encargan de recordarnos a diario.
La última es recordar que no es la fuerza, sino la confianza, la base de cualquier ley duradera. Para restablecerla es preciso que termine el juego sucio en que se ha convertido la política. Es fácil caer en la tentación de pensar que una trampita por aquí y una chapuza por allá se justifican porque permiten progresar hacia los más nobles objetivos; que para star en política no se puede tener la piel demasiado fina. Algo de verdad hay en eso, pero admitamos que hemos ido demasiado lejos, y que la corrupción ha terminado por alcanzarnos a todos, en potencia cuando no en acto. El juego sucio ha de dejar de ser il. De lo contrario, al naufragio de nues a convivencia seguirá el de cada uno de nosotros.
Para restablecer la confianza en la ley es preciso que termine el juego sucio en que se ha convertido la política