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El dictamen sobre Uber del abogado general de la Unión Europea, y la destitución del director del FBI.
EL abogado general de la Unión Europea afirmó ayer que, a su entender, Uber es una empresa de transporte y, como tal, debería someterse a la regulación que se aplica a otras empresas que tradicionalmente operan en el sector. La opinión del abogado general no es vinculante, pero en un 80% de los casos acaba marcando el camino que posteriormente seguirán los magistrados. De ser así, se abre una nueva etapa en el contencioso entre los taxistas y Uber, la empresa californiana que proporciona transporte privado a sus clientes a través de una aplicación móvil, y que gusta de presentarse como un mero proveedor de tecnología que permite el intercambio entre conductores y pasajeros, mientras se anuncia como paradigma de la llamada economía colaborativa.
La economía de la era digital se desarrolla a gran velocidad e introduce cambios inimaginables hace pocos años en el sector de servicios y en el mercado laboral que los atiende. Apple, Alphabet (cuya principal subsidiaria es Google), Microsoft, Amazon o Facebook figuran entre las primeras firmas mundiales y están valoradas en cientos de miles de millones de dólares. Su promedio de edad no alcanza los 30 años. Pero todas han contribuido a una revolución de las costumbres humanas y, también, a una acelerada transformación de los ámbitos de negocio. A menudo, a costa de los sectores que habitualmente los habían atendido y que dicen sentirse indefensos ante la ofensiva digital.
Una asociación de taxistas barceloneses inició hace un par de años un litigio contra Uber que ha llegado al Tribunal de Luxemburgo. Su objetivo era demostrar que, pese a presentarse como una plataforma de intercambio, Uber es ante todo una compañía de transporte. Y que, como tal, debe someterse a las regulaciones imperantes en este sector profesional.
La andadura de Uber, que empezó a operar en San Francisco en el 2010 y que ha extendido ya sus redes por América del Norte y del Sur, también por Europa, ha conocido episodios diversos. En algunas ciudades se ha hecho con una gran parte del pastel. En otras ha hallado fuerte resistencia por parte de los profesionales del taxi y ha optado por replegarse temporalmente. Por eso la opinión del abogado general es relevante, puesto que podría abocar a una reordenación más equitativa de la oferta de transporte privado.
En buena lógica, quienes ofrecen servicios similares, ya sea a través de una aplicación o atendiendo al brazo alzado de un cliente en la calle, deberían someterse a una regulación común. No vale escudarse en los mecanismos electrónicos para presentarse como un ente distinto. En uno u otro caso, todo se reduce a montarse en un coche ajeno y pagar por la carrera.
Como cualquier nuevo operador que irrumpe en el mercado y aspira a hacerse un lugar en él, Uber ofrece algunas ventajas sobre los servicios tradicionales, a veces muy apreciadas por el cliente. Pero también es cierto que sigue estrategias agresivas y puede llegar a expulsar a la competencia; que ha sido acusada de dumping por permitirse acumular pérdidas gracias a las inyecciones inversoras que recibe; y que no pocos conductores han protestado por sus condiciones.
La revolución tecnológica es imparable. Eso salta a la vista. Lo cual no significa que deba escapar a cualquier control. El progreso es siempre bienvenido. Pero en su nombre no debe abonarse la desigualdad ni establecer las bases para conductas que puedan ser abusivas.