Una corte paralela

El problema de fondo no es ni la judicialización de la política ni la politización de la justicia, sino el abuso que se produce en el ejercicio del poder. El abuso puede referirse a la intromisión en el ámbito propio de otros poderes, a la opacidad en los procesos de decisión, al establecimiento de circuitos paralelos de influencia, a la generación de núcleos fácticos al margen de las estructuras ordinarias o, como parece haber ocurrido en torno a la corrupción, a todos esos fenómenos a la vez. La premisa de que nada de lo que no haya sido probado y juzgado existe trata de acallar las extrañas coincidencias, como las que se han producido en la cadena de mando de la Fiscalía General y de la Fiscalía Anticorrupción. Qué casualidad que cuando jueces y tribunales parecían hacer justicia al sistema de libertades, reivindicándose en sus actuaciones como contrapeso del poder político, surjan tantas sombras en cuanto al funcionamiento de la cúpula del ministerio fiscal ante la corrupción. Frente al relato fundamentalmente periodístico que trata de establecer un cuadro de coincidencias entre contactos, llamadas, indicaciones e intentos de remover fiscales para neutralizar la investigación judicial sobre determinados casos de corrupción, se alza la fabulación a la que se aferra el poder político, argumentando que todo es legal, que todo seguirá siendo normal hasta que no se demuestre lo contrario.

Lo sucedido estas últimas semanas sólo tiene un precedente en la trayectoria democrática española: lo que ocurrió tras los atentados del 11-M, con el diseño de una realidad paralela. Aquello fue uno de los episodios más gloriosos de la posverdad cuando todavía no tenía nombre. Tanto que aún hoy la teoría de la conspiración sigue aflorando intermitentemente. Se gestó una realidad paralela, puesto que no se trató sólo de una serie de bulos e intoxicaciones sobre la autoría de los ataques y sus instigadores últimos. Sólo que esta vez quienes creen mover los hilos de la justicia cortesana –para preservar el buen nombre de los titulares del poder político, para minimizar los costes de la incesante corrupción, o vete a saber para qué más– no están seguros de que les convenga alentar una teoría de la conspiración socialista, podemita o mediática, porque para eso hay que dar mucho la cara. La separación de poderes y el hecho de que las atribuciones de cada uno de ellos tampoco pueden ejercerse con absolutismo es lo que, paradójicamente, permite escurrir el bulto a quienes desearían controlarlo todo. Lo que permite que nadie se haga cargo de nada, empezando por el presidente del Gobierno, cuya alta responsabilidad no puede entretenerse en minucias. Nadie en el escalafón debe dar un paso atrás mientras no sea pillado in fraganti.

La virtud más valorada del servidor público en España es su reciedumbre. Ningún responsable institucional será merecedor del cargo si se va a venir abajo nada más verse señalado por algún episodio escandaloso. La encomienda del poder es demasiado seria como para que el agraciado dimita a las primeras de cambio. Una cosa es que el Estado sea sensible a la denuncia pública, y otra es que se vuelva vulnerable al reproche moral. La épica frente a la ética. El mérito está en saber aguantar. Todo lo demás es pura cobardía, cuando menos hasta que el susodicho vea cómo se queda sin suelo sobre el que sostenerse porque le ha sido retirado de improviso. Algo así debió de experimentar Ignacio González, aunque seguro que no se resigna gracias a la instrucción recibida en la academia del poder.

En una sociedad abierta, recrear un mundo paralelo exige la segregación de ciudadanos proclives a atender el mensaje del poder. Hay días en que la obstinada búsqueda del público propio y su fidelización recuerda a las dos Españas. Cuando el partido en el poder es capaz de mantener una amplia cuota de adhesiones a pesar de los escándalos, las formaciones de la oposición tienden a reclamar su respectivo nicho de mercado. Quédate tú con lo tuyo que yo me haré con lo mío. De manera que nadie se dirige a la población en general, ni se siente concernido por un juicio universal. Cada cual atiende al fervor de sus incondicionales, de los dispuestos a perdonar lo que sea preciso porque se sienten involucrados en una cruzada que no puede detenerse a juzgar pecados veniales de unos pocos cuando está claro que son circunstanciales. Es el perfil-tipo de los Hernando en el Congreso, en su doble versión de más o menos desagradables. Podríamos encontrar émulos en Catalunya y en Euskadi, aunque parece que se alternan más. Una manera profesional de defender los intereses del cliente, cuando este es el partido en el que uno milita y en el que quiere seguir siendo alguien.

Lo sucedido en la Fiscalía tiene un precedente en lo que ocurrió tras el 11-M, con el diseño de una realidad paralela