Casi dos años para resolver una demanda en primera instancia
Justícia pide un control de productividad a jueces porque “han bajado el ritmo”
El promedio de resolución de una demanda en primera instancia en Catalunya es de 620 días, es decir, 20,3 meses. Así lo revela un informe de la cátedra del Consell de l’Advocacia Catalana y la UAB presentado ayer. Esos casi dos años es el tiempo que transcurre entre que el demandante presenta el contencioso hasta que el juzgado notifica la sentencia. Si se interpone un recurso de apelación, el promedio pasa a ser de 577,3 días (19 meses).
La encuesta que ha permitido deducir estos datos se realizó entre los abogados catalanes durante el 2016. También pone de manifiesto que, en el caso de la jurisdicción penal, la duración media de la fase de instrucción es de 2.248,5 días (6,2 años), con un valor máximo de 4.901 días (13,4 años).
Estos tiempos se dan pese a que, siempre según el informe, entre los años 2014 y 2015, el número de casos ingresados en las oficinas judiciales (un total de 1,23 millones) bajó un 6,2%. Durante el 2015, se contabilizaron 164,8 casos por cada 1.000 habitantes, 10,6 menos que en el ejercicio anterior. Aún así, la caída de expedientes que han llegado y de la litigiosidad en todas las jurisdicciones no ha permitido agilizar la justicia como cabría esperar.
El informe constata, en paralelo, que el número de asuntos resueltos por cada juez o magistrado también ha descendido. En los últimos seis años, esta ratio acumula una caída del 25,8%. Y es así a pesar de hay más jueces. En 2015 en Catalunya había destinados 865 jueces y magistrados, de modo que la ratio se situó en 11,5 por cada 100.000 habitantes frente a los 9,1 del 2004.
Al acto de presentación del informe también asistió la secretaria de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Patricia Gomà, quien se mostró sorprendida por la “baja productividad” de los magistrados. “No nos acaba de cuadrar la ecuación de más jueces y menos resoluciones. (...). Seguramente los magistrados han bajado el ritmo de trabajo y se han adaptado a trabajar menos”.
A la luz de las conclusiones del informe, el presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, Carles McCragh, reclamó “que se destine a la administración de Justicia más presupuesto que permita crear los nuevos juzgados que necesita Catalunya y dotarlos de los medios humanos y materiales necesarios”. McCragh criticó las propuestas planteadas desde la judicatura: “La concentración de juzgados no es la solución a la justicia del siglo XXI que todos deseamos, sino que responde a un interés por mantener una justicia del siglo XIX alejada del ciudadano”.