La Maquinista denuncia el bloqueo ilegal para construir la escuela
Unibail Rodamco alega contra la ocupación directa tramitada por el Ayuntamiento y explica que el colegio podría estar ya en construcción
Los propietarios de La Maquinista, Unibail Rodamco, han entregado al Ayuntamiento de Barcelona las alegaciones contra la “ocupación directa” iniciada por el equipo de gobierno para hacerse con parte de los terrenos, propiedad de esta empresa, donde debe alzarse una escuela que ahora está en barracones. El pasado mes de marzo, el Ayuntamiento anunció la tramitación de la ocupación directa de un solar de la calle Ferran Junoy para desencallar la construcción de este equipamiento que está vinculado a la ampliación del centro comercial y a la construcción de 588 viviendas, 168 de ellas protegidas. Los promotores de esta operación urbanística denuncian en su defensa que el “Ayuntamiento es el único responsable, puesto que ha bloqueado ilegalmente los instrumentos de desarrollo de la tramitación urbanística, que ya preveía la construcción de dicho colegio”.
La empresa dice compartir la preocupación de los padres y vecinos de Sant Andreu por la demora en la construcción de la escuela. Sin embargo, en su escrito, Unibail Rodamco señala que el Consistorio puede edificar la escuela sin tener que recurrir a la ocupación directa. Para ello debería haber aprobado el proyecto de urbanización y el de reparcelación, que se encuentran paralizados desde que BComú llegó a la alcaldía. “De haberlos aprobado, la construcción ya estaría en marcha”, señalan en sus alegaciones a
las que ha tenido acceso La Vanguardia.
Los promotores de La Maquinista entienden, además, que la tramitación se ha frenado por motivos “puramente políticos y no de legalidad”, y recuerdan que durante la campaña electoral la formación que lidera Ada Colau ya manifestaba que la ampliación del centro comercial era un “proyecto contrario al bien común” que había que “detener o revisar”. En este sentido, la empresa explica que ha recurrido las denegaciones ante los tribunales.
La Generalitat y el Ayuntamiento aprobaron definitivamente la modificación del Plan General Metropolitano en marzo del 2015. La aprobación inicial del proyecto de reparcelación se hizo en mayo del 2015 y nunca más se supo. Cuando la teniente de alcalde, Janet Sanz, anunció la tramitación de este procedimiento explicó que el equipo de gobierno no deseaba dilatar más el proceso e instó a desvincular la escuela del proyecto que plantea el promotor, que prevé la ampliación del centro comercial y construir cinco torres de viviendas. Sanz justificó entonces la urgencia de esta operación en que el Ayuntamiento tenía la obligación de ceder el solar al Consorci de Educación para avanzar en el proceso ejecutivo. La intención, según explicó Sanz, era que el futuro colegio estuviera listo en el 2020.
Las alegaciones de Unibail Rodamco señalan que, en este caso, “no concurren requisitos legales” para aplicar esta figura urbanística. Advierte de que si el Ayuntamiento ocupa la parcela la escuela no se podrá construir de manera inmediata, ya que el Consorci de Educación no ha provisionado ningún presupuesto para ello. También apunta que la empresa ha garantizado la prestación de servicio educativo mediante la cesión gratuita de los terrenos de su propiedad, donde ahora están los módulos provisionales. Y, respecto a la urgencia descrita por la teniente de alcalde, señala que no la aprecian después de dos años de negociaciones en las que el equipo de gobierno no ha querido desencallar el tema.
Otra de las cuestiones que preocupan es la afectación que puedan tener las obras en los vecinos y en el centro comercial, “generando serios problemas de seguridad y movilidad”, ya que obstruirán los recorridos de evacuación de personas y los accesos de los vehículos de emergencias y bomberos. Las alegaciones señalan que los trabajos obligarían a cortar la calle República Dominicana y dejarían un tramo de calle de 350 metros sin salida, lo que incumpliría la normativa de protección contra incendios. Una situación que, según las alegaciones, comportaría hacer obras de remodelación del actual centro comercial, que el Ayuntamiento no ha aprobado, e e implicaría el derribo parcial de la gran superficie. Por si esto fuera poco, de construirse la escuela al margen del resto de actuaciones, debería demolerse un edificio del centro comercial que incumpliría la normativa urbanística por estar a menos de 20 metros de la escuela y supondría la invasión de dos plantas de parking.
En el caso de que el Ayuntamiento continúe adelante con sus planes de ocupar el solar, la empresa amenaza con reclamar indemnizaciones millonarias por todos los perjuicios ocasionados.
Los promotores dicen compartir la preocupación de padres y vecinos e instan a desencallar el plan