La oposición se rebela ante el cerrojazo presupuestario
El PSOE, Podemos, ERC y PDECat recurren ante la Mesa
El PSOE y Unidos Podemos llevaban días avisando y ayer estalló el conflicto en el Congreso por la tramitación de las enmiendas a los presupuestos generales del Estado. El Gobierno, apoyado por Ciudadanos, que preside la comisión presupuestaria, ha decidido rechazar el debate de más 4.000 enmiendas porque desbordan la cuantía fijada para la sección 31 de presupuesto, que es de 15 millones de euros. El total de las enmiendas se acerca a los 47.000 millones. PSOE, Unidos Podemos, ERC y PDECat ya han presentado recurso ante la Mesa del Congreso, y los socialistas aseguran que están barajando un recurso ante el Constitucional.
En el marco de una legislatura que está tensando las costuras de la relación entre el legislativo y el ejecutivo como no se había vivido en democracia –y sigue pendiente de resolución el asunto de los vetos del Gobierno a los debates parlamentarios de proyectos de ley–, el presidente de la comisión de Presupuestos, Francisco de la Torre, de Ciudadanos, decidió elevar consulta al ejecutivo sobre la admisibilidad de todas las enmiendas una vez se aprobaron las suficientes para dar cuenta de los 15 millones disponibles. El Ministerio de la Presidencia emitió un informe, firmado por el secretario de Estado para las relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, en el que interpreta el reglamento del Congreso de los Diputados y concluye que no se pueden tramitar las enmiendas que excedan la partida presupuestaria consignada. Ayllón sostiene que una vez que el pleno aprobó, tras el debate a la totalidad, la configuración actual de las cuentas, sólo son admisibles las enmiendas “constructivas”, es decir, las que se financian mediante una baja idéntica en otra partida de la misma sección.
Al margen del enfado de los grupos parlamentarios y de su recurso a la Mesa, que no agota su voluntad litigante, la paradoja es la existencia del propio informe del Ministerio de la Presidencia, en tanto árbitro del reglamento parlamentario –es decir, el Ejecutivo como intérprete de las normas internas del legislativo–, un informe que la oposición considera que deben emitir, en todo caso, los letrados de la Cámara.