El Govern acepta buscar garantías internacionales para el referéndum
JxSí y CSQP no ven el aval de la Comisión de Venecia necesario para hacer la consulta
El Govern acepta buscar el respaldo de la Comisión de Venecia, el órgano asesor en materia constitucional del Consejo de Europa, a las garantías que debe cumplir la convocatoria del referéndum, de acuerdo con la moción en este sentido aprobada ayer por el pleno del Parlament con los votos de Junts pel Sí y Catalunya Sí que es Pot. Un respaldo, en cualquier caso, que ninguno de los actores del bloque soberanista –ni independentistas ni comunes– considera un requisito necesario e imprescindible para poder celebrar la consulta.
La iniciativa plantea un doble encargo al Govern. Por una parte, le insta a “poner en conocimiento de la Comisión de Venecia la voluntad mayoritaria de los ciudadanos de Catalunya expresada en el mandato del Parlament sobre la celebración de un referéndum pactado y acordado”. Y, por otra, le insta a “poner en marcha las iniciativas oportunas para disponer del asesoramiento, reconocimiento y aval de la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho en lo que concierne a las condiciones que debería cumplir la convocatoria del referéndum para reunir los requisitos establecidos en el Código de Buenas Prácticas de la Comisión de Venecia”.
La moción había sido presentada por Catalunya Sí que es Pot con el objetivo de buscar el reconocimiento internacional previo a la celebración de la consulta aunque ésta no fuese pactada con el Estado –lo que en la práctica implicaba que los comunes se abrían a respaldar un referéndum unilateral–, pero la primera reacción de la mayoría que respalda al Govern fue contraria, al interpretarla como una nueva maniobra dilatoria. Como consecuencia de una intensa negociación entre las dos partes, sin embargo, Junts pel Sí se ha acabado sumando a la iniciativa, aunque después de introducir modificaciones no menores en el texto inicial.
Por un lado, la incorporación de apartados en los que se constata tanto la voluntad del Govern de celebrar el referéndum de forma pactada y acordada como la reacción enrocada, con “comportamientos claramente autoritarios”, del Gobierno español. Por otro, la supresión de la expresión “con carácter urgente”, en referencia a la celeridad con que la Generalitat debería dirigirse a la Comisión de Venecia. Y, aún por otro, el cambio de “iniciativas necesarias” por “iniciati- vas oportunas”, que concede absoluta discrecionalidad en el margen de actuación del Govern. Y con todo ello Junts pel Sí no tuvo inconveniente en asumir la moción, porque le permite argumentar que lo que en realidad hace el texto apro-
bado es instar a acudir a la Comisión de Venecia en busca del aval al referéndum siempre y cuando exista un pacto con el Estado para celebrarlo. “En este escenario de referéndum acordado y pactado, Comisión de Venecia instada por el Gobierno español y cumplimiento de los estándares internacionales”, justificó Marta Rovira.
El mismo texto permitió a Catalunya Sí que es Pot seguir presentándose como el abanderado de la defensa de la consulta pactada,
aunque Joan Coscubiela tampoco tuvo reparo en reconocer que “garantías y reconocimiento previo no es lo mismo” y que “no hemos planteado el tema del reconocimiento previo como condiciones o limitaciones” a la celebración de la consulta. “Lo estamos planteando como un elemento para intentar buscar el apoyo internacional delante de una situación que es la total y absoluta beligerancia en contra por parte del Estado español, para intentar vencer su resistencia”, argumentó. Y la CUP, que también estuvo negociando con los comunes, optó finalmente por no secundar la moción –tampoco votó en contra como Cs, PSC y PP, sino que se abstuvo–, con la tesis de que el referéndum no necesita permiso ni de España ni de Europa.
El Govern, por su parte, tiene claro que en los términos en que se ha aprobado la iniciativa la celebración de la consulta prevista para septiembre no queda supeditada en ningún caso a un hipotético pronunciamiento de la Comisión de Venecia. “No es una moción de texto, sino de contexto, que nos permite seguir cargándonos de razones y mantener la complicidad de los comunes”, resumieron fuentes del Gabinete de Carles Puigdemont a
La Vanguardia.