El pimpampum
Una de las letanías repetidas en los círculos del proceso es que la República Catalana debe ser “limpia”. Lo dicen los del PDECat, lo replican los republicanos y le ponen altavoz los cuperos, que siempre gritan más fuerte. Y en las afueras del proceso, los soldados del no también claman por la pureza de las aguas catalanas, incluso los del PP, que dominan el arte del ojo y la paja. Todos quieren una Catalunya casta, y la carrera de unos por demostrar que lo quieren más que otros se ha convertido en un notable espectáculo.
Nada que decir ante tan alto ideal, más allá de compartirlo. Desde luego, sería deseable vivir en un país donde nunca hubiera barrizales pestilentes, y desde luego el ideal de un país nuevo sólo puede soñar con esa perspectiva, a la espera del pertinente baño de realidad. Hasta aquí, pues, elogio y aplauso. Pero aquí se acaba la alegría, porque el espectáculo de estos días no me parece un relato de virtudes éticas, sino un dechado de postureo y oportunismo que, además, atropella derechos fundamentales. Un espectáculo que se representa en dos ámbitos, ambos tendientes a la teatralización: el judicial y el político.
Empezando por el judicial, que parece un homenaje al teatro del absurdo. ¿Cómo puede explicarse que un fiscal reduzca a la nada una petición de pena de 27 años contra una imputada porque su papá, ladrón confeso, acepta acusar a un partido político? ¿Y eso es todo? ¿Dónde están las pruebas, dónde las obras públicas comisionadas, cuáles son, dónde están los canales de Isabel II en versión convergente? ¿Realmente puede ocurrir, en el ordenamiento jurídico español, que alguien que ha robado se vaya de rositas porque dispara contra un partido político, sin aportar prueba alguna? Esto es un delirio y, desde luego, parece un atropello. Pero si lo judicial es surrealista, el festival político ha sido esperpéntico. El relato es el siguiente: dos ladrones lanzan un rumor; el rumor se convierte en evidencia, sin prueba alguna; la evidencia se convierte en crisis política, y la crisis se eleva a la categoría de acusación planetaria. Y zas, tenemos el Parlamento convertido en un plató del griterío, mientras los tóxicos del micrófono, estilo Gemma Galdon, convierten a todo el Govern en una panda de delincuentes. Es decir, ni pruebas, ni evidencias, ni acusaciones judiciales surgidas del Palau, excepto la palabra de dos ladrones, pero ERC votando a favor de acusar a su compañero de gobierno, no fuera que no pareciera impoluta. Me ahorro la opinión sobre los Albiol, Arrimadas y Rabells, porque he ido a colegio de monjas.
Conclusión en forma de pregunta retórica: ¿la República Catalana será así, un Estado donde no se necesitan pruebas para acusar, se perdonan penas de cárcel a ladrones por disparar contra terceros y se arman pollos políticos con la sola palabra de dichos ladrones? Pues vaya panorama idílico.
El papá, ladrón confeso, acusa a un partido sin prueba alguna, y zas, la hija imputada se libra…