Rajoy invita a Puigdemont a explicarse en el Congreso
El Gobierno plantea que se pida la reforma constitucional en las Cortes El president replica que sólo irá si existe un acuerdo previo
A pocas horas de que el presidente de la Generalitat presente, el lunes en Madrid, su última oferta para la celebración de un referéndum pactado, el Gobierno español se ha visto en la necesidad de dar un paso y plantear algo que hasta ahora no había puesto encima de la mesa: una invitación formal a Carles Puigdemont a que acuda con su propuesta al Congreso e intente conseguir por los cauces reglamentarios –esto es, la reforma de la Constitución– que los referéndums de autodeterminación sean legales en España.
El Gobierno de Mariano Rajoy hizo el anuncio, ayer, con la mayor de las solemnidades, con la lectura de un comunicado por parte de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tras la reunión del Consejo de Ministros en la que se tomó la decisión al respecto: “El Gobierno de la nación considera que son las Cortes Generales el lugar adecuado para que el señor Puigdemont presente sus demandas. Por eso invitamos al president de la Generalitat a dialogar y debatir democráticamente su propuesta por los cauces legalmente previstos, en el sitio idóneo para ello, el Parlamento de a nación”. La vicepresidenta no concretó, ni en la declaración ni en la posterior rueda de prensa, qué tipo de iniciativa debería presentar Carles Puigdemont, pero insinuó que se trataría de una reforma constitucional que admitiera los referéndums. Eso sí, el Gobierno no se compromete a apoyarlo. Conseguir los votos sería cosa de quienes promovieran la reforma, y parece difícil que lo lograran, porque el Gobierno cuenta con el apoyo a sus tesis de PSOE, PSC y Ciudadanos, con quienes consultó la oferta antes de hacerla pública.
La propuesta se basa en los postulados de siempre del Gobierno: que él no es quién para negociar un referéndum “que la Constitución no permite”, pero sí sería legal que “los legítimos representantes de todos los españoles puedan debatir cualquier propuesta, siempre que se haga por los cauces democráticamente previstos”, por lo que “consideramos que el señor Puigdemont debe acudir a las Cortes Generales a plantear sus propuestas en el marco de las reglas del juego de nuestra democracia”. En el fondo, el Gobierno pretende que los independentistas no puedan decir que sólo obtienen de él negativas.
El Gobierno apela, en cualquier caso, a los antecedentes, y aunque no los concreta, Soraya Sáenz de Santamaría parecía estar refiriéndose al plan Ibarretxe, que fue rechazado por el Congreso y que después de ello el entonces lehendakari renunció a su petición. Lo que el Gobierno sí garantiza a Carles Puigdemont es que el debate se produciría con celeridad.
Pero precisamente lo que tiene claro el presidente de la Generalitat es que “no piensa hacer un Ibarretxe”, es decir, que “sólo acudirá al Congreso si hay un acuerdo previo”, según fuentes del Govern, que reconocen que este “acuerdo previo” podría ser sobre la celebración del referéndum o sobre una reforma de la Constitución para incluir la celebración del referéndum, por
CORRELACIÓN DE FUERZAS La Moncloa plantea la propuesta tras contar con el visto bueno de PSOE, PSC y Cs
REACCIÓN CON PRUDENCIA El Govern “no piensa hacer un Ibarretxe” e insiste en la oferta de una consulta pactada
FRENO A LA JUDICIALIZACIÓN Junqueras pide la retirada de las querellas contra la Mesa del Parlament
ejemplo. El propio Carles Puigdemont, en una breve declaración antes del inicio del acto del Pacte Nacional pel Referèndum, insistió en que, tal como está previsto –en alusión a la conferencia del lunes–, “el Govern trasladará al Gobierno español su propuesta para hacer este referéndum acordado, dispuesto a negociar los términos y las condiciones”, y precisó que, en caso de acuerdo entre los gobiernos, este debería ser sometido entonces a los respectivos Parlamentos. Y es una vez cumplidos todos estos pasos que el presidente de la Generalitat iría formalmente al Congreso para rubricar el pacto.
La reacción del Govern a la propuesta del Gabinete de Rajoy fue acordada en una reunión entre los equipos del presidente y del vicepresidente Oriol Junqueras, que, por su parte, pidió a la Moncloa la retirada de las querellas contra los miembros de la Mesa del Parlament, presentadas por permitir hablar y votar sobre el referéndum, justamente lo que plantea hacer Sáenz de Santamaría en el Congreso. Y también reclamó “frenar la judicialización contra todas las personas e instituciones que han escuchado y que quieren escuchar la voz de los ciudadanos”, en alusión al resto de encausados y condenados por defender la causa soberanista.
El Govern, en todo caso, quiere ser prudente sobre el nuevo escenario que se abre. Por eso Puigdemont celebró que el Gobierno español, con el paso dado ayer, “reconozca la posibilidad de un referéndum de autodeterminación en Catalunya”, pero Junqueras, al mismo tiempo, reafirmó el “compromiso del Govern con el ejercicio de este derecho de autodeterminación”. O, dicho de otro modo, acepta jugar el juego que le plantea la Moncloa, pero no como excusa para dilatar el proceso. “Si no hay avances, cuando llegue el momento se activará el calendario”, subrayan las mismas fuentes del Govern.