El comité de bioética del Gobierno rechaza la gestación subrogada
Defiende que supone una explotación de la mujer y un daño al menor
El Comité de Ética de España, órgano adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, no deja lugar a dudas: la gestación subrogada, más conocida como vientres de alquiler, no debería tener cabida en el ordenamiento jurídico salvo como está ahora, prohibida, porque “todo contrato de gestación por sustitución entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor”. En un largo informe de casi cien páginas, los miembros de este comité desgranan sus razones para rechazar de lleno cualquier norma que permita la maternidad por encargo, medie o no el pago por ello, entre ellas, que el deseo de una persona de tener un hijo, “por muy noble que sea, no puede realizarse a costa de los derechos de otros”.
El comité, que elaboró el informe motu proprio tras el debate suscitado por el anuncio de Ciudadanos de llevar al Congreso una propuesta para legalizar esta actividad, cree sin embargo que es preciso afrontar una reforma legal para solventar la situación actual: pese a que está claramente prohibida la gestación subrogada, se da cobertura legal a los que contratan este tipo de gestación en el extranjero.
Según el informe, la experiencia de los últimos años ha evidenciado que la norma vigente “no resulta suficientemente efectiva” al comprobarse que algunos ciudadanos, “aprovechando las leyes permisivas de algunos países, celebran este tipo de contratos en el extranjero y, a continuación, logran inscribir la filiación de los niños en el Registro Civil de España”. Para evitar esta contradicción, proponen que se considere la posibilidad de sancionar a las agencias que se dediquen a esta actividad. Y critican a la administración y la fiscalía por permitir la celebración de ferias, como la que hace unas semanas tuvo lugar en Madrid, en la que las agencias publicitan una actividad prohibida en España.
Para los casos que actualmente están en proceso o ya se han celebrado, el comité considera necesario que se asegure “una transición segura” que evite que los niños resultantes de los procesos de maternidad subrogada internacional queden desprotegidos. Para ello, considera que puede garantizarse que su filiación en el extranjero se efectúe conforme a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo (en febrero del 2014, el Supremo dictó una sentencia por la que acordaba que los bebes fruto de la gestación subrogada no podían inscribirse en el Registro Civil, dejando a los padres subrogados como única posibilidad que uno de los dos inscribiera al niño y el otro lo adoptara”.
Los miembros del comité creen, sin embargo, que la solución mejor es un marco internacional común regulatorio que prohíba suscribir este tipo de contratos, “en garantía de la dignidad de la mujer y del niño”. Por ello pide a España que defienda en todos los foros posibles la prohibición de la gestación subrogada.
El comité pone especial énfasis en el menor, considerando que la gestación subrogada convierte al niño “en una suerte de objeto de consumo”. Y añade: “Hay cosas que el dinero sencillamente no puede comprar”. Y va más allá en su reflexión sobre el bebé como objeto de consumo: “Si el entorno de elección y selección del que va a nacer se rodea, como de hecho hacen las agencias, de propuestas para obtener el mejor producto, el mejor hijo, es fácil pensar que cuando el hijo no satisfaga las expectativas por las que fue adquirido será difícilmente admitido por quienes pretendieron comprar la perfección”.
En cuanto a la mujer gestante, los miembros del comité hablan de vulneración de sus derechos, de aprovechamiento de la pobreza, de explotación de su cuerpo y de compraventa.
El Gobierno estudiará este informe, según informaron fuentes de Sanidad, un tema que reconocen controvertido y sobre el que los partidos políticos tienen una posición clara. En el PP y en Ciudadanos, por ejemplo, hay divergencias manifiestas en su seno.
El colectivo considera que este tipo de maternidad transforma a los niños en un objeto de consumo