La huelga de L’Auditori obliga a trasladar ‘La consagración’ al Palau
La huelga de los trabajadores de L’Auditori por lograr el aumento del 1% en su salario que les corresponde desde el 2007 y el 2008 y que el resto de personal funcionarial y laboral del Ayuntamiento de Barcelona ya cobra ha estado a punto de costarle al ciclo privado de música Ibercamera 180.000 euros. Porque el próximo miércoles Ibercamera presentaba en L’Auditori a la Orquesta Sinfónica de Radio Frankfurt con La consagración de la primavera de Stravinsky. Finalmente, tras intentar trasladar a esta orquesta de más de un centenar de músicos al Liceu, el Fòrum y el Palau de Congressos, que estaban ocupados, ha sido el Palau de la Música el que ha acogido el concierto, que deberá celebrarse el miércoles a las siete de la tarde y sin entreacto, porque a las 21.30 tiene lugar allí la semanal Gran Gala Flamenco.
El fundador del ciclo Ibercamera, Josep Maria Prat, expresó ayer su agradecimiento al Palau y explicó que estudian los daños y perjuicios que les ha supuesto la decisión de L’Auditori de cancelar el concierto. Y, dados los problemas de conflictividad laboral acumulados en los últimos años, Prat pidió públicamente al conseller Santi Vila y al teniente de alcalde de Cultura de Barcelona, Jaume Collboni, una reformulación de la estructura jurídica del Consorci de L’Auditori i l’Orquestra. “El nudo de la cuestión es que con la actual formulación jurídica este consorcio está en manos de los interventores del Ayuntamiento. Nadie se atreve a tomar decisiones ni asumir responsabilidades sin su autorización. Los gestores del consorcio
Josep Maria Prat pide cambiar la estructura jurídica de L’Auditori ante la conflictividad laboral permanente
habrían tomado la responsabilidad del concierto si tuvieran la libertad de asumir los daños y perjuicios, como también la de pagar unos atrasos que tarde o temprano pagarán a los trabajadores, pero están muy limitados”, dijo. Y es que aunque el Consorci tiene informes que avalan la petición de los trabajadores, los servicios jurídicos del Ayuntamiento consideran que tienen convenio propio.