Puigdemont reclama una operación de Estado para Catalunya
El president propone en Madrid seguir el ejemplo del regreso de Tarradellas
El presidente de la Generalitat propone hoy en una conferencia en Madrid que se ponga en marcha una operación de Estado para resolver el conflicto catalán. Puigdemont se fija en la restauración de la Generalitat y el regreso de Tarradellas.
Hace seis meses, Carles Puigdemont defendió en Madrid la convocatoria de un referéndum pactado entre el Gobierno y la Generalitat, incluida la pregunta y la fecha. La demanda incluso pasó en enero por el despacho de Mariano Rajoy en una reunión secreta de ambos presidentes, pero la supuesta flexibilidad de la oferta no modifica el origen del problema: el Gobierno central –apoyado por el PSOE y Ciudadanos– rechaza de plano la posibilidad de celebrar esa consulta a la que los independentistas se niegan a renunciar.
Así que lo que Puigdemont pondrá hoy en Madrid sobre la mesa es una operación de Estado para resolver el denominado conflicto catalán. Y el referente, otra vez, es Josep Tarradellas. La excepcionalidad con la que Adolfo Suárez gestionó el retorno del presidente de la Generalitat en el exilio hace 40 años supuso la legalización de una institución por real decreto ley el 29 de septiembre de 1977, un año antes de la aprobación de la Constitución, dos años antes del Estatut d’Autonomia y casi tres años antes de las primeras elecciones autonómicas democráticas.
Enterrada la operación diálogo puesta en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy tras la investidura, lo que pretende lanzar ahora Puigdemont es una segunda operación Tarradellas reconvertida para el proceso soberanista. Se trata, pues, de abordar el problema de forma conjunta entre ambos gobiernos, pactar las condiciones para su resolución y, después, poner en marcha los encajes legislativos necesarios. Desde la perspectiva de Puigdemont, la Constitución no puede convertirse en un corsé que ahoga las aspiraciones catalanas de decidir su futuro, como la ley de reforma política no lo fue para el restablecimiento provisional de la Generalitat. El presidente catalán podría ir incluso más allá del retorno de Tarradellas en su búsqueda de precedentes de excepcionalidad política. En sus notas también aparece la operación para legalizar el Partido Comunista de España. Una decisión exclusivamente política fruto de una compleja negociación en la que hasta el Tribunal Supremo se inhibió y la Junta de Fiscales emitió un informe que permitió la inscripción del partido en el registro.
No es la primera vez que la transición española es empleada como guía del proceso soberanista. Al tomar posesión como president, Puigdemont garantizó que el tránsito del autonomismo a la independencia se haría “de la ley a la ley”. Así es como Torcuato Fernández-Miranda acuñó el paso de la dictadura a la democracia, al igual que defendió ante el rey Juan Carlos que “la ley os obliga pero no os ata”.
Puigdemont planteó inicialmente su conferencia del palacio de Cibeles como la oferta final de negociación con el Gobierno de Rajoy antes de convocar el referéndum comprometido en el Parlament para finales de septiembre, pero ni el Ejecutivo catalán ni el del PP están dispuestos a cargar con el papel de responsables del choque de trenes. De ahí que la oferta lanzada el pasado viernes por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría para que Puigdemont traslade la demanda del referéndum al Congreso haya obligado a modular las intervenciones previstas en el auditorio de
El president defenderá que la Constitución no puede ser un corsé para Catalunya La conferencia de Puigdemont recurre a la excepcionalidad política de la transición Albiol llama “cobarde” al mandatario catalán por no ir al Congreso a defender su plan
la Caja de Música del president, Oriol Junqueras y Raül Romeva. Junto a la propuesta de Puigdemont, su vicepresidente defenderá la fortaleza económica de Catalunya con el objetivo de desmentir los supuestos efectos negativos del proceso, mientras el conseller de Afers Exteriors abordará los referentes internacionales de la demanda catalana.
La idea inicial del Gobierno catalán pasaba por trasladar a Madrid el formato inaugurado con la comparecencia conjunta con motivo de la condena de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta del 9-N. Desde entonces, Puigdemont y Junqueras han firmado artículos conjuntos y conferenciado junto a Romeva en Bruselas. El siguiente paso era el Senado, en Madrid. La negativa a facilitar una sala y la oferta de un debate en la comisión general de las autonomías es el antecedente de la oferta de Santamaría.
El presidente de la Generalitat sólo aceptaría ir al Congreso si existiera un pacto previo con el Gobierno que le ahorre la reedición del fracaso del plan Ibarretxe, y el Gobierno no acepta la convocatoria de un referéndum. Tampoco acepta el Ejecutivo de Rajoy la invitación de Puigdemont para asistir a la conferencia. La Generalitat cursó invitaciones, pero hoy no se espera en el limitado auditorio (262 plazas) más que a Pablo Iglesias y su equipo. Entre el público habrá representantes empresariales, sindicales y del cuerpo diplomático, aunque no con el nivel exhibido el pasado octubre, cuando una decena de embajadores, entre los que se encontraban los de Francia, Reino Unido, Dinamarca o Bélgica, acudieron a la anterior conferencia de Puigdemont en Madrid.
Lo que sí ha puesto en marcha el Gobierno de Rajoy es un dique de contención desde el PP, que se ha manifestado en contra de que el Ayuntamiento de Madrid, con Manuela Carmena al frente, facilite la conferencia de Puigdemont. También lo ha hecho Ciudadanos a través de la diputada Lorena Roldán, denunciando que “cuando el separatismo llega a un callejón sin salida aparece Podemos para hacerle de muleta”.
El argumentario desplegado por los populares para rebatir de antemano la propuesta que haga Puigdemont se basa en la respuesta que dio Santamaría al PDECat en la última sesión de control al Gobierno. El soberanismo prefiere “alquilar por 3.000 euros” una sala del Ayuntamiento antes que debatir en el Congreso –“no les interesa”–, “no respetan la democracia ni los regímenes constitucionales”, y “el apoyo social que tienen es menguante. En Catalunya se detecta hartazgo”. El documento también hurga en la tensión interna entre los socios del Govern, sostiene que el Ejecutivo central “no tiene interlocutor con capacidad de decisión, e incluye el relato de “prácticas antidemocráticas” del soberanismo y de “radicalismos”.
De ahí que el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, llamara “cobarde” a Puigdemont y le acusara de estar “por el folklore, la fiesta y por hablar únicamente a su parroquia” en lugar de acudir al Congreso, tal como pretende ahora el Gobierno.