Un mercado atomizado
Los umbrales de creación del comité de empresa y del control fiscal pesan en la atomización empresarial en España
El Gobierno español se ha comprometido con Bruselas a modificar la legislación para promover el crecimiento de las pequeñas empresas que actualmente prefieren limitar su desarrollo para evitar las exigencias legales que ello implica.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reconoció hace unos días ante responsables de las empresas familiares que la debilidad parlamentaria del ejecutivo reduce su capacidad para emprender nuevas reformas. Sin embargo, el impulso del tamaño de las empresas está entre los cambios legislativos a los que se ha comprometido el Gobierno con Bruselas para este año. Así lo certificó en la presentación del nuevo programa de estabilidad el ministro de Economía, Luis de Guindos, departamento que ha prometido publicar en breve un mapa completo con “todos los obstáculos” que dificultan el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en España. Este análisis es un paso previo para abordar qué cambios regulatorios pueden acometer desde la Moncloa. Mientras, los expertos consultados señalan como prioritaria la revisión de los requisitos para la constitución obligatoria del comité de empresa, así como la flexibilización de los criterios de volumen de negocio en el control de Hacienda.
No se trata de una cuestión menor porque la elevada atomización del tejido productivo en España, en comparación con países europeos de referencia, no sólo está relacionado con una productividad más baja sino que influye también en el mercado de trabajo: algo más del 40% del empleo en España se concentra en empresas de menos de diez trabajadores (ver cuadro).
El Banco de España, la Fundación ICO o la Fundación BBVAIvie advierten en estudios reciente de la necesidad de evitar el “efecto umbral”, que lleva a numerosas empresas a quedarse justo por debajo de estos topes o buscar subterfugios, como dividir el negocio en dos filiales –de pequeñas
dimensiones–. La lista de trabas es larga, tal y como resume el informe de Fedea Demografía empresarial en España: tendencias y regularidades: desde “la obligación de auditoria externa de las cuentas para las empresas con más de 50 trabajadores y una cifra de negocio
La OCDE recomienda “políticas que apoyen las necesidades específicas” de las pymes
superior a 5,7 millones de euros, el mayor control fiscal y probabilidad de inspección fiscal cuando la facturación supera los 6 millones de euros o los incentivos fiscales y bonificaciones a la Seguridad Social derivados de la contratación a trabajadores indefinidos cuando la empresa tiene menos de 50 trabajadores”. En suma, desde la OCDE recomiendan que se incida en “políticas que apoyen las necesidades específicas” de las pymes, más que vincular simplemente el marco regulatorio con las dimensiones del tejido empresarial.
Sobre la representación para la negociación colectiva, Miguel Cardoso, economista jefe para España en BBVA Research, se muestra partidario de elevar el listón por encima de los 50 trabajadores –justo el límite para que una empresa se considere de tamaño mediano–. En cambio, el director de previsión y coyuntura de Funcas y consejero de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Raymond Torres, propone rebajarlo, para “estimular la participación de los trabajadores, en coherencia con la última reforma laboral que otorga más prevalencia al convenio de empresa”.
Dentro de los cambios regulatorios
Economía ultima un mapa con obstáculos que desincentivan el crecimiento de las pymes
necesarios, Torres apunta además a una simplificación de la fiscalidad, “que ha ido ganando en complejidad por los impuestos autonómicos y locales”. “El modelo actual resta mucho tiempo a los más pequeños, y crea cierta inseguridad”, señala.
Cardoso también apuesta por revisar los criterios fiscales, por ejemplo, los que fijan cuando una empresa pasa a depender de la delegación de grandes contribuyentes. En concreto, considera que hay que “difuminar” ese tope, más que elevarlo –Ciudadanos ha pedido que se suba de 6 a 20 millones de facturación–. “Suavicemos la frontera, evitemos que el coste de estar sometido a una mayor vigilancia se dispare por facturar unos miles de euros más”.
Por su parte, el catedrático de la Universitat de València e investigador del Ivie, Javier Quesada, propone mejorar la legislación que regula la extinción de las empresas, para evitar que, “como ocurre ahora, haya numerosas empresas que prolongan su agonía”. En su opinión, es necesario abreviar los procesos de concursales y aliviar el peso de las deudas tributarias y con la Seguridad Social. Estas normas también hacen que los empresarios se lo piensen dos veces antes de arriesgarse a ampliar el negocio y la plantilla.