Entre dos fuegos
La fiscal de Venezuela irrita al chavismo al acusar a la policía de la muerte de un opositor
Hay dos formas de interpretar la disidencia insistente de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, que ha criticado al Gobierno en repetidas ocasiones en los últimos meses y ha vuelto a afirmar esta semana su independencia al condenar el uso desproporcionado de la fuerza en la respuesta policial a las protestas de la oposición.
Una: sería un indicio de que el “régimen dictatorial” de Nicolás Maduro, según el calificativo de la oposición y muchos comentaristas internacionales, empieza ya a desmoronarse desde dentro. Otra: sería una prueba de que Venezuela no es una dictadura sino un Estado de derecho con una fiscalía independiente.
Ortega –de 59 años y uno de los cerebros jurídicos del chavismo desde hace más de una década– volvió a desatar la polémica en Venezuela el miércoles al hacer algo inusual: criticar tanto a la oposición como al Gobierno por la represión de las protestas y la violencia desde inicios de abril.
La fiscal ya mostró su desacuerdo con la suspensión temporal de los poderes de la Asamblea Nacional que desató esta fase de las protestas y con la creación de una llamada asamblea constituyente. Esta semana ha criticado “un exceso de fuerza” en las actuaciones de la policía y la guardia nacional a la vez que lamentó la “instrumentalización de la muerte (…) como un arma política” de medio centenar personas, por ambos bandos.
Durante una rueda de prensa celebrada en Caracas el pasado miércoles, Ortega desmintió la versión gubernamental de que la causa de la muerte del estudiante Juan Pernalte, el 27 de abril, hubiera sido un disparo de origen desconocido al declarar que ya tiene pruebas suficientes de que el joven murió por el impacto de una bomba lacrimógena disparada a bocajarro.
El Ministerio Público, bajo el mando de Ortega, aún no ha identificado al guardia responsable pero la fiscal aseguró ayer que será detenido y se sumará a los 19 policías y militares que esperan juicio por presuntos delitos en la represión de las protestas. Al mismo tiempo, Ortega defendió la investigación del departamento forense del Estado –el Cuerpo de Investigación Científica, Penal y Criminalística– frente a las “hipótesis y elucubraciones que pueden entorpecer las investigaciones”, en referencia a la oleada de desinformación que circula tras cada muerte. Ortega no hizo una valoración de otros jóvenes cuyas muertes han sido disputadas por la oposición y el Gobierno, como el joven violinista Armando Cañizales o el periodista Miguel Castillo.
Según el balance que hizo la fiscal el miércoles, 55 personas han muerto en los enfrentamientos desde el 6 de abril. Tres de ellas son policías o militares; el resto civiles. Mil personas han resultado lesionadas, 771 de ellas civiles; 2.600 civiles han sido detenidos por delitos relacionados con la protesta, disturbios o saqueos. Pero, pese a las denuncias de la oposición y muchos comentaristas internacionales de que Venezuela se ha convertido en un estado policial, sólo 224 de estos detenidos siguen en prisión. “No se resuelve el problema deteniendo a la gente”, dijo Ortega.
La Fiscalía está investigando el caso de siete personas procesadas en tribunales militares, lo cual Ortega considera motivo de preocupación. Los grupos de derechos humanos, en cambio, hablan de más de 300 juicios militares.
Aunque estas declaraciones han sido interpretadas en algunos medios como un respaldo a la oposición, Ortega volvió a lamentar la violencia de la llamada “guarimba” –acción directa– defendida por muchos líderes opositores. Casi 350 bienes inmuebles han sido incendiados o saqueados, “destrozos que agudizan los problemas económicos”, recordó. Cuando Ortega difundió una carta pública la semana pasada en la que criticó la violencia opositora, fue atacada en medios antichavistas por doblegarse y dejarse intimidar por el Gobierno.
Ahora, son los pesos pesados más halcones del Gobierno los que la atacan. El ministro del Interior, Néstor Reverol, defendió la tesis de su departamento de que Pernalte murió por un disparo y lamentó que el Ministerio Público haya autorizado la puesta en libertad de la mayoría de detenidos en las protestas. El vicepresidente, Diosdado Cabello, pidió disculpas por haber nombrado a Ortega como fiscal general. Pero otros cargos chavistas resaltaron que las críticas de Ortega son la mejor forma de contraatacar a quienes califican a Venezuela de dictadura. “Luisa es una mujer firme y ella forma parte del Estado; que haga su trabajo”, dijo el ministro Aristóbulo Isturiz.
No es la primera vez que Ortega se enfrenta al Gobierno, aunque también es muy crítica con la oposición