La Audiencia rechaza que el Consorci del Palau acuse a CDC
El fiscal y la defensa de Convergència aluden al carácter político de la petición
Al final no podrá acusar. La Audiencia de Barcelona rechazó ayer que el Consorci del Palau de la Música acuse a CDC por su presunta financiación irregular por medio de la institución cultural. La sala aludió a que había concluido el plazo para hacerlo, y fiscal y abogados aludieron a la intencionalidad política de la iniciativa.
El juicio por el saqueo del Palau de la Música enfila su recta final. Ayer, los letrados de los acusados expusieron sus calificaciones definitivas, pero hubo un prólogo, que estaba marcado por la batalla que se había desencadenado en el seno del Consorci del Palau.
Tal como se ha publicado, en la última reunión del patronato del Consorci, celebrada el pasado martes, se decidió que el letrado que representa a la entidad, y que pertenece a los Serveis Jurídics de la Generalitat, pidiera al tribunal cambiar las calificaciones definitivas, presentadas el día 17, y se adhiriera a la solicitud de la Fiscalía en el sentido de acusar a CDC y Ferrovial. Ayer, el abogado expuso esta pretensión en la sala, aludiendo en dos ocasiones al “estricto cumplimiento” tanto de las instrucciones del Patronato como de la votación que se desarrolló en el Parlament.
La verdad es que el intento contó con pocas adhesiones, empezando por el fiscal Emilio Sánchez Ulled, quien expresó “respeto por el debate político subyacente”, pero oponiéndose porque no era posible cambiar lo presentado ya, y dio salida a la posibilidad de que el Palau recupere parte de los 6,6 millones de euros que se exigen a CDC: reclamándolos en su informe. Más tajante se mostró Xavier Melero, defensor de Daniel Osàcar y de Convergència, quien expresó que el trámite había concluido y que no debía someterse al tribunal “al albur de cambios políticos a los cuales los técnicos son ajenos”.
Finalmente, la presidenta del tribunal, Montserrat Comas, rechazó la petición, explicando que el trámite había concluido y que no se podía volver atrás, e hizo énfasis en que el Consorci conocía perfectamente los plazos.
En cuanto a las calificaciones de las defensas, las exposiciones de los letrados de Millet (Abraham Castro), Jordi Montull (Jordi Pina) y Gemma Montull (Jorge Navarro), presentaban puntos comunes: aceptan el relato de hechos de la Fiscalía pero con menos penas, al considerar que había más atenuantes. Así, para Montull se pide menos de dos años; menos de uno para Gemma Montull y Millet parte de un año y nueve meses y deja la reducción al criterio del tribunal. El letrado de Osàcar y CDC y los de los directivos de Ferrovial exigen la absolución, con una variante en el caso del extesorero convergente: si hay condena deben considerarse también atenuantes.
Y así acabó la batalla en el Consorcio por el caso del Palau: consecuencias políticas, pero no jurídicas. La acusación contra CDC ha quedado en manos de la Fiscalía y de la Federació d’Associacions de Veïns.
Las defensas de Millet y Montull proponen menos de dos años de prisión, y Gemma Montull, menos de uno