El Ayuntamiento compra una finca para frenar la expulsión de sus vecinos
El Ayuntamiento anunció ayer la compra del número 37 de la calle Leiva. Su objetivo declarado es garantizar que los vecinos no serán expulsados de la finca. Este inmueble del barrio de Hostafrancs, propiedad de una entidad financiera, iba a ser adquirido por un fondo de inversiones. Al parecer los nuevos propietarios pretendían vaciar el edificio para luego reformarlo y comercializar unas nuevas viviendas de mucha más calidad. Los inquilinos, entre los que figuran personas con contratos de alquiler indefinidos, otros con acuerdos convencionales y también ocupas, iniciaron una intensa campaña de protesta que rápidamente encontró eco entre varias entidades ciudadanas que denuncian un incremento de la presión inmobiliaria. Ahora, detalló ayer la concejal del distrito de Sants-Montjuïc, Laura Pérez, el Consistorio estudiará la situación de cada uno de los inquilinos.
El gobierno de la alcaldesa Ada Colau lleva semanas haciendo bandera de su defensa de los vecinos ante el incremento de “la violencia inmobiliaria”, una defensa tan encendida que de modo reciente llevó a un promotor a denunciar por calumnias a la concejal del distrito de Ciutat Vella, Gala Pin. La propia alcaldesa Colau, aún de baja por su reciente maternidad, emitió un tuit para señalar que el gobierno de la ciudad utiliza “todas las herramientas municipales para garantizar el derecho a la vivienda y combatir la especulación”. Josep Maria Montaner, el concejal de Vivienda, destacó que el fondo “había mostrado su intención de ir expulsando a los inquilinos. Ahora el edificio pasará a ser de propiedad pública, con lo cual se garantizan los derechos de las personas que viven en estas viviendas”. Montaner reconoció que “el Consistorio no podrá comprar todas las viviendas que están en operaciones especulativas”.
Los técnicos municipales analizaron al detalle los entresijos de la operación Leiva, y, según detallaron ayer fuentes del Ayuntamiento, comprobaron que, a pesar de que la entidad financiera se había hecho con la propiedad de las viviendas mediante procesos de ejecución hipotecaria, no había comunicado a la administración, tal y como obliga la ley, que se disponía a vender la finca a un tercero. El Consistorio entiende que de este modo está amparado para frenar la operación y ejercer su derecho de tanteo y retracto. La inversión municipal en Leiva es de 2,75 millones de euros.