Los municipios gobernados por el PSC no colaborarán con el referéndum

El PSC aprobó a finales del año pasado su posición sobre el proceso independentista: rechazo, diálogo y reforma federal. Y aunque desde entonces distintos líderes socialistas han manifestado que sus consistorios no darán cobertura al referéndum, ayer, por si las había, la alcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlon, quiso disipar cualquier duda. Los consistorios del PSC no colaborarán, no cederán espacios y “protegerán” a sus trabajadores.

“No obligaremos a ningún funcionario a que dé cobertura técnica a un referéndum que se produce fuera de la legalidad”, avisó Parlón, que también es la responsable de política municipal del PSC en una entrevista en la agencia Efe. “Eso de obligar a los funcionarios a cumplir con sentimientos patrióticos de unos cuantos..., estamos claramente en contra. Tan sólo hay que hablar con el secretario de cualquier corporación municipal para que nos explique de qué estamos hablando”, añadió.

El PSC ostenta las alcaldías de más de 120 consistorios catalanes que suman una población de 2,2 millones de personas –en el cálculo no entra Barcelona, ni la más de una sesentena de poblaciones en las que forman parte del gobierno local–. “Evidentemente, seremos respetuosos y meticulosos con la ley. Y, por lo tanto, nuestros funcionarios, que conocen perfectamente la ley, harán lo que tienen que hacer”, insistió la alcaldesa de Santa Coloma, que recordó que el PSC “no situará las instituciones fuera de la ley, ni a los funcionarios en una en una situación de inseguridad o vulnerabilidad jurídica por los propósitos de un gobierno de hacer un mal uso unilateral de un instrumento político como es el referéndum”. Por lo que los socialistas catalanes no sólo “protegerán los derechos y la seguridad jurídica de los funcionarios”, sino que también “ni convocaremos ni cederemos espacios municipales para un referéndum al margen de la legalidad”.

A pesar de que el PSC fijó a finales de año su posicionamiento con respecto a la independencia, todavía hay consistorios con alcaldes socialistas que, en su momento, dieron apoyo a través de mociones en sus plenos al Pacte pel Dret a Decidir –y lo mantienen al ahora Pacte Nacional pel Referèndum–. En este caso, desde Nicaragua siempre se le ha quitado hierro a esta cuestión: se ha justificado como estrategias que responden a dinámicas locales. Con respecto al referéndum se ha marcado una línea sin excepciones. Ayer mismo, el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, tras apuntar en RAC1 que sus vecinos podrán votar en su ciudad, aclaró que eso será porque la Generalitat tiene equipamientos en la ciudad y en el pleno hay mayoría soberanista. Pero que, en su caso, encargará un informe sobre la consulta al secretario municipal y aplicará lo que dictamine.

Los alcaldes socialistas quieren “proteger” a los trabajadores frente a la “inseguridad jurídica” Núria Parlon advierte que tampoco se cederán espacios municipales