El Govern sale al paso de la inquietud de los funcionarios
Los sindicatos expresan preocupación en el marco del Pacte pel Referèndum Puigdemont asegura que no se pondrá en riesgo a los empleados públicos Los comunes confirman que no apoyan la consulta unilateral
Por una parte, un Govern con Carles Puigdemont al frente decidido a avanzar si hace falta en la unilateralidad, con el compromiso firme de garantizar la seguridad jurídica a los trabajador públicos, pero dejando claro que la vía no pactada es compatible con la preservación del “espacio y el espíritu” del Pacte Nacional pel Referèndum. Por otra, el entorno de los comunes, capitaneado por Ada Colau y Xavier Domènech, que actúa como quien oye llover cuando se habla de unilateralidad y que defiende el espacio de esta plataforma con vehemencia para “responder a los anhelos del 80% que quiere decidir el futuro de Catalunya”.
Que el referéndum unilateral no gusta a los comunes se evidenció ayer una vez más cuando al acabar la reunión del Pacte pel Referèndum Domènech se dirigió a los periodistas con tres frases contundentes: “En esta vida todo es multilateral”, “el Pacte Nacional no tiene que estar pendiente de la hoja de ruta del Govern”, y “las vías rápidas van en contra de sus propias aspiraciones”.
El coordinador del Pacte, Joan Ignasi Elena, anunció en la misma reunión de ayer en el Parlament de Catalunya la disolución de la comisión ejecutiva. Eso sí, Elena y su equipo terminan, pero pidió al centenar de personas reunidas en el auditorio de la Cámara catalana que se mantenga este espacio como “plataforma de debate”. “El pacto sigue vivo”, remachó. Y por lo visto, si es así, comunes e independentistas tendrán todavía mucho por hablar.
No hay duda de que el espacio ideal para los comunes es el del Pacte pel Referèndum. Pero Puigdemont advirtió en la reunión de ayer ante todos los presentes que, a pesar de mantener la plataforma para el debate, corresponde al Govern convocar el referéndum, sea pactado o unilateral. Y haciéndolo eximió de cualquier responsabilidad a todas a las entidades adheridas al Pacte. Una responsabilidad, la del Ejecutivo catalán, que también pa- sa por resolver uno de los mayores quebraderos de cabeza: garantizar la seguridad de los trabajadores públicos, como pidieron los sindicatos en el encuentro y que Puigdemont prometió.
Y es que después de la polémica por la mesa de contratación de las urnas, los sindicatos manifestaron su desazón. CC.OO. aplaudió la preservación del Pacte, porque, argumentó, su apuesta es la del referéndum acordado, con garantías. Por lo tanto, la seguridad jurídica de los trabajadores tiene que estar garantizada, expuso su secretario general en Catalunya, Javier Pacheco. Lo mismo subrayó Camil Ros, líder de UGT en Catalunya, aunque se mostró más seguro que su compañero sindical de que así sería.
El presidente de la Generalitat felicitó al equipo de Joan Ignasi Elena. Puigdemont avaló la idea de mantener el Pacte como un ente de debate y consenso, pero tiene claro que la salida a la cuestión catalana pasa a toda costa por la consulta. Oriol Junqueras, vicepresidente del Govern y presidente de ERC, fue más claro y lanzó un mensaje envenenado a los comunes ante su supuesta indefinición: “No hay neutralidad posible entre los que intentamos que se vote y los que lo quieren impedir”.
El independentismo está muy interesado en que el Pacte Nacional se mantenga, pues cree que ha servido para probar el apoyo mayoritario a una consulta acordada. Pero, además, de momento ha sido el único espacio en que los independentistas han conseguido atraer los comunes. El resto de intentos por incorporarlos han resultado hasta ahora infructuosos y lo máximo que han podido sacar de los comunes Junts pel Sí, la CUP y entidades como la ANC o Òmnium ha sido un compromiso por un referéndum “efectivo” y avalado internacionalmente. Aquello que no se acerque a estos postulados será considerado
una mera “movilización” –a imagen del 9-N– por los comunes, que reclaman “una mayoría social fuerte” y que al mismo tiempo evitan de plano el referéndum unilateral con argumentaciones como las de Domènech: “Para nosotros la cuestión no es que sea unilateral o no, sino que se haga un referéndum con garantías”.
Si se cumple lo previsto, Puigdemont y Junqueras anunciarán mañana la fecha y la pregunta para el referéndum. Pero las miradas están puestas también en los comunes
Gerardo Pisarello, alcalde accidental de Barcelona, tomó la palabra y aseguró que el Pacte “es la herramienta más eficaz” para alcanzar un referéndum “efectivo con garantías” y para interpelar tanto a la comunidad internacional como “la gran mayoría de ciudadanos que quiere ser escuchada”. Pisarello denunció el “inmovilismo” del Gobierno de Mariano Rajoy y la situación de “bloqueo en el cual nos quiere condenar el PP”, y pidió unidad para hacer frente a los intentos de “criminalización y judicialización” del referéndum. Palabras duras hacia el Gobierno que el diputado Lluís Llach recogió para afirmar después, en nombre de Junts pel Sí, que “el Estado español ahoga la democracia”.
La CUP también tomó parte. El diputado Benet Salellas celebró que Puigdemont acogiera su propuesta de reformular el Pacte Nacional –un espacio en el que no ha creído nunca– para que dirija el debate que se tiene que producir en la calle a favor del sí o el no a la independencia, “o incluso el de la no participación” en el referéndum.
Igualmente, Salellas concluyó su intervención en la reunión asegurando que “se ha intentado lo imposible, el referéndum pactado. Ahora vamos a lo posible, el referéndum sin adjetivos. Demos forma al referéndum, pongamos fecha y pregunta, y pongámonos a trabajar ya”.
Los trabajos del Pacte Nacional pel Referèndum han finalizado, pero la consulta de autodeterminación sigue sumando apoyos. Así, los colectivos Emma, Wilson y Praga publicaron ayer un comunicado en que avisan a la Unión Europea de que sin un referéndum la situación de Catalunya se puede “enquistar” y añadieron “un nuevo frente de inestabilidad a escala continental”. Estos tres colectivos, formados por periodistas, economistas y juristas, afirman que “un referéndum es una buena solución para todo el mundo” y que “corresponde a los catalanes decidir el futuro colectivo de su sociedad, y preguntarles directamente es la única manera razonable de saber qué piensa cada uno sobre una cuestión tan fundamental”.