La justicia electoral de Brasil decide si inhabilita al presidente Temer
El Tribunal Superior podría anular la candidatura con Rousseff que ganó en el 2014
La suerte de Michel Temer se decide en el subsuelo. Puede parecer una metáfora, pero es literal. Si su predecesora, Dilma Rousseff, dejó hace un año la presidencia de Brasil por la puerta de atrás del impeachment, el actual mandatario podría salir del cargo desde el sótano del flamante edificio del Tribunal Superior Electoral (TSE), que desde esta pasada madrugada acoge el juicio más importante de la historia de este organismo.
Encargado de organizar y supervisar todos los comicios del país, el TSE se ubica en una de las últimas obras de Oscar Niemeyer, un edificio inaugurado en el 2011 en Brasilia con tres cúpulas frente a su fachada acristalada. Bajo la mayor de las cúpulas está el salón de plenos donde sus siete magistrados decidirán si anulan o no, con efectos retroactivos, la candidatura electoral de Rousseff y Temer –para presidenta y vicepresidente, respectivamente– que se impuso en los comicios celebrados en el 2014.
Inmediatamente, el PSDB, que encabezó la coalición derrotada con Aecio Neves como candidato, presentó ante el TSE varias denuncias asegurando que la fórmula ganadora había recibido ilegalmente dinero de empresas vinculadas a la corrupción en Petrobras, como la constructora Odebrecht. Paradójicamente, tras la traición de Temer a Rousseff, hoy el PSDB forma parte del Gobierno y Neves está salpicado por el caso Petrobras, además de acusado de cobrar millonarios sobornos de la empresa cárnica JBS.
Aunque en los últimos días el presidente de Brasil ha recibido públicamente el apoyo tanto de líderes de su partido, el PMDB, como del PSDB, ambas formaciones conservadoras desean extraoficialmente que el TSE inhabilite a Temer para que el Parlamento elija a un sucesor y salir de esta nueva crisis institucional abierta el mes pasado, cuando se difundieron las grabaciones realizadas al presidente por el dueño de JBS, Joesley Batista, avalando la corrupción.
Convertido en delator, Batista acusó a Temer y el Tribunal Supremo abrió una investigación contra el mandatario. El lunes la policía federal envió al presidente un interrogatorio por escrito de 84 preguntas, que debía responder en 24 horas después de que el Supremo autorizara su declaración por escrito.
Mientras que ese proceso es penal y podría comportar penas de prisión, el juicio en el TSE –tres de cuyos miembros, incluido el presidente, también son magistrados del Supremo– supondría la inhabilitación para ejercer cargos públicos de Temer durante ocho años. O sea, el final de su carrera política, puesto que ahora tiene 76 años.
El juicio está previsto que se prolongue hasta mañana, aunque podría alargarse o incluso paralizarse en función de las objeciones presentadas por las defensas para ganar tiempo. Los abogados de Temer insisten en juzgar a su cliente separadamente de Rousseff, alegando que ambos tenían cuentas de campaña separadas y que quien recibió la financiación ilegal fue la expresidenta. Por su parte, la defensa de Rousseff considera que ambos deben ser juzgados conjuntamente. Si el TSE fallase contra Temer, este podría dilatar su salida con recursos, aunque en ese caso la presión para que presente su dimisión se multiplicaría.