De la mano del BCE y más barato

El BCE y el Banco de España pensaban que el Popular aguantaría hasta el fin de semana, límite más allá del que no sería posible sostenerlo. El banco llevaba muchos días como el Cid en su última batalla, vivo sólo en apariencia. Los hechos se precipitaron el martes a las tres de la tarde.

A esa hora, Emilio Saracho, aún presidente del Popular, comunicó al gobernador del Banco de España, Luis Linde, que el banco se había quedado sin dinero y no podría abrir sus puertas al día siguiente. La retirada de depósitos había alcanzado tal nivel que incluso consumió el dinero que el Banco de España, como representante del sistema europeo de bancos centrales, le había prestado para resistir el pánico de los depositantes e inversores del Popular, el llamado ELA por sus siglas en inglés, según fuentes informadas sobre el curso de los acontecimientos.

La regulación de esta manguera especial de fondos establece que la “responsabilidad sobre la provisión del ELA pertenece al banco central concernido. Esto significa que cualquier coste y los riesgos derivados de la provisión del ELA corresponde al banco central nacional”. Es decir, en caso de que no se hubiese encontrado un comprador, el dinero prestado por el Banco de España acabaría siendo una pérdida para la institución de la plaza de Cibeles.

La causa última de la caída del Popular es conocida, la decisión de asumir una exposición alocada al sector inmobiliario justo en el momento en que ya se estaban empezando a retirar las bebidas alcohólicas de la fiesta, pero cuando los precios aún estaban por las nubes. Llegó tarde y pagó sin tino.

Pero, en los últimos meses, con Saracho al frente, el Popular se cavó su propia tumba al colocarse a si mismo en una posición indefendible que le conducía a una espiral que terminaba en la liquidación. En un clima de completa desconfianza de los inversores, anunció un proceso de venta que estimulaba a los potenciales compradores –reducidos en teoría a cuatro, Santander, BBVA, CaixaBank y Bankia, y en realidad sólo a los dos primeros– a esperar hasta que la intervención del supervisor europeo estableciera una clara separación entre el Popular de Saracho, y antes de Ron, y la nueva propiedad. Y encima a un precio siempre más bajo del que saldría de cualquier negociación con Saracho.

El recién estrenado accionista del Popular se lo ha comprado a la Junta europea de resolución y ha construido de esta manera un muro muy sólido frente al alud de reclamaciones de accionistas, inversores, empleados o depositantes que se sentirían atracados al ver que sus acciones han quedado reducidas a polvo. Una amenaza que antes de la última crisis fi-

nanciera era una preocupación menor, pero que tras la jurisprudencia sobre cláusulas suelo, gastos hipotecarios, preferentes y otras hierbas es un elemento fundamental antes de decidirse a realizar una compra.

Han sido el BCE y los organismos de la regulación bancaria europea los que han intervenido el Popular y han reducido a cero el valor de sus títulos. No el Santander.Por esta vía podrían llegar en el futuro las consecuencias negativas para los contribuyentes españoles y europeos en el caso de que los tribunales amparen las reclamaciones de los afectados, fijen indemnizaciones y consideren a los reguladores responsables de estas. La alternativa era el viejo esquema, que pague el Estado, algo que por cierto acaba de ocurrir en Italia con el Monte dei Paschi.

Salvo por la inquietante incógnita de las demandas judiciales, el recién estrenado mecanismo único de resolución se ha mostrado, en términos de dinero público, indoloro.

Y discreto. Mientras los medios de comunicación especulaban sobre posibles precios de adquisición de las acciones del Popular o en torno a hipotéticas ofertas públicas de compra (OPA), que algunos llevaron incluso a sus portadas de ayer, el añejo banco del Opus Dei ya había sido intervenido, sus acciones liquidadas y subastado entre los dos grandes del sistema bancario español.