CC.OO. y UGT piden que no se use políticamente a los funcionarios
Tanto CC.OO. como UGT defienden el derecho a decidir, pero también preferían el pacto frente a la vía unilateral. Pero ahora que esta última opción es ya claramente la única considerada por el Govern, los dos sindicatos mayoritarios exigieron ayer tanto al Gobierno catalán como al central que los trabajadores públicos no sean utilizados políticamente en un conflicto en el que, en ocasiones, ya se sienten rehenes.
“Este es un conflicto político que evidentemente no se soluciona por la vía penal, pero los trabajadores no tienen que ser los que paguen las consecuencias”, manifestó ayer el coordinador del área pública de CC.OO., Joan Maria Sentís. “¿Los trabajadores se han de ver en una situación de que si cumplen una orden, o una no orden, sean sancionados por una parte o por otra tanto si obedecen como si no?”, preguntó estupefacto Sentís, quien, eso sí, dejó claro que el sindicato defenderá por igual tanto a los trabajadores que defiendan una opción, como otra. También que en su reciente congreso abogaron por el derecho a decidir... y por el diálogo.
“El Govern tiene que defender a los trabajadores. No se puede poner a los funcionarios en contra de Catalunya o en contra de España”, advirtió por su parte la secretaria general de servicios públicos de UGT en Catalunya, Encarna Fernández. La ugetista insistió en la misma idea que Sentís: “Estamos en contra de la judicialización de la política”. Pero recordó, a la vez, que “los funcionarios tienen que cumplir con la ley”. “Confiamos en que el Govern actuará con sentido común. Los trabajadores públicos se tienen que dedicar a hacer su trabajo, que hemos seguido haciendo a pesar de los recortes. Nos debemos a la ciudadanía”, añadió la dirigente de UGT.
Tanto este sindicato como CC.OO., más allá de exigir garantías jurídicas para los trabajadores como ya hicieron la semana pasada, explicaron que por ahora se mantienen a la expectativa, antes de tomar alguna medida específica: actuarán en función de cómo se desarrollen los acontecimiento.
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), minoritario en Catalunya, sí que fue un poco más allá y anunció el inicio de una campaña informativa con el objetivo de divulgar un protocolo sobre cómo actuar “contra órdenes ilegales”. En el protocolo se recomienda a los empleados públicos que, en el caso de recibir una orden de la Generalitat que entiendan que pueda ser ilegal la pidan por escrito, con la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas.